Durante décadas, las mujeres hemos soportado la carga de legislaciones restrictivas que socavan nuestro derecho a la autodeterminación. A principios de mayo, un borrador filtrado —impulsado por la mayoría conservadora en la Corte Suprema de Estados Unidos— encendió las alertas alrededor del mundo por sus intenciones de anular una sentencia de 1973 con la que se establecieron garantías para tener acceso a la interrupción segura del embarazo a nivel nacional.
La decisión final de este fallo, que tentativamente será anunciado durante junio de 2022, pondría fin a la protección constitucional federal de las mujeres que desean abortar, representando un retroceso para la salud sexual y reproductiva, derecho fundamental de todas las mujeres en el mundo.
Aunque no supone la ilegalización del aborto en Estados Unidos, abriría la puerta para que cada estado sea libre de regularlo como quiera, dando paso a leyes que lo prohíban o restrinjan en 23 estados.
Destaca el caso de Florida, en donde el pasado mes de abril se promulgó una ley que prohíbe casi todos los abortos después de las 15 semanas de gestación; siendo una opción solamente en casos de violación, cuando la vida de las mujeres se encuentra en peligro, tráfico de personas o incesto.
Poco se ha hablado del impacto que esta iniciativa tendría en las minorías estadounidenses. Concretamente, en las mujeres hispanas. El último censo realizado en ese país indicó que hay poco más de 30 millones de mujeres latinas en Estados Unidos. Ellas enfrentan obstáculos adicionales como la desigualdad salarial, la situación migratoria, las barreras linguísticas, la discriminación y la falta de acceso a servicios básicos de salud, incluyendo el aborto seguro.
El panorama se agrava para las latinas con estas leyes prohibitivas que, ante la falta de recursos económicos, recurren a medidas desesperadas para interrumpir el embarazo, exponiéndose a daños irreversibles en su salud e incluso la muerte.
El derecho de las mujeres a decidir cuándo tener un hijo es una parte esencial del derecho a la autodeterminación. No se trata de promover el aborto, sino de ofrecer las condiciones para que se lleve a cabo de manera segura, gratuita y legal cuando la mujer así lo decida.
Hemos avanzado en esta lucha y es preocupante la intención de dar pasos hacia atrás.
La salud sexual y reproductiva de las mujeres es también un derecho fundamental y un factor importante en los esfuerzos internacionales para impulsar la equidad de género.
Diversas organizaciones en Estados Unidos han comenzado a alzar la voz. Por ejemplo, National Latina Institute for Reproductive Justice es una organización que dirige sus esfuerzos para garantizar el acceso de las mujeres hispanas a servicios de salud sexual y reproductiva, y que —desde su trinchera— crea campañas de concientización para cambiar el discurso nacional sobre el aborto, la migración y la salud reproductiva.
Hoy más que nunca tenemos que levantar la voz para exigir el respeto a nuestros derechos.
Este fallo es relevante, no sólo para Estados Unidos, sino para todo el mundo.
Queremos que la tendencia vaya hacia la creación de leyes que protejan nuestros derechos, no que los limiten. Queremos que las instituciones no fomenten la desigualdad ya existente. Queremos seguir avanzando hacia la equidad y la justicia.
No es sólo por las mujeres en la Unión Americana, es por todas y, sobretodo, para las próximas generaciones.
Empresaria, inversionista de impacto y defensora de los derechos de la mujer
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