En 1948, en el seno de la Universidad Nacional Autónoma de México, nació el Instituto de Derecho Comparado. En su conformación participaron maestros de la envergadura de Niceto Alcalá Zamora y Felipe Sánchez Román, estudiosos españoles que forman parte del legado que nos dejó el exilio republicano. 19 años más tarde, el 15 de diciembre de 1967, el rector Javier Barrios Sierra, previa la deliberación de los órganos competentes, cambió su denominación a Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Sería acaso Javier Elola, otro inmigrante español, el primer director en posicionar la institución en tanto a su producción de conocimiento legal, pues la colocó como la columna vertebral de una auténtica comunidad intelectual, autónoma de los embates políticos. Este es un papel que asumirían posteriores titulares que se han dedicado a renovar y modernizar: el de generar el concilio entre voces plurales para construir un espacio donde impere el pensamiento crítico. En ese mismo tenor están los saldos de las administraciones de Héctor Fix-Zamudio, Jorge Carpizo o Diego Valadés.
En 2022, el Instituto tendría otro hito en la designación de la doctora Mónica González Contró como su primera directora. Tratándose en sí de un hecho notorio, la jurista ya contaba con una destacada carrera, siendo previamente abogada general de la UNAM, cargo en el que mostró amplia destreza al implementar el Protocolo para la Atención deb. Las tareas por hacer a su llegada al Instituto de Investigaciones Jurídicas no serían pocas, pero el historial previo connotaba que era la persona indicada para llevarlas a cabo.
El pasado 8 de agosto, al cumplir su primer año de gestión, González Contró presentó el informe sobre los avances que ha realizado para alcanzar las metas que se planteó en su plan de trabajo. Un evento sobrio donde destacó el fortalecimiento de los espacios de diálogo y reflexión, con una comunidad académica fortalecida y cohesionada por medidas que fomentaron el desarrollo de la investigación. En lo que sigue siendo el principio de su encargo, la directora ha impreso un sello humanístico, así como un énfasis en la construcción y divulgación de una cultura del derecho realmente plural. El interés que como estudiosa ha mostrado en temas de la infancia y los derechos humanos se ve reflejado en una institución cada vez más comprometida con el poner a disposición de la sociedad el conocimiento que en ella se construye.
El derecho, hay que reiterarlo, es una materia dinámica, y la obligación de un jurista competente es actualizarse y sensibilizarse ante las nuevas exigencias de la sociedad. En este sentido, el que el principal bastión de investigación legal del país se mantenga como punta de lanza regional e internacional es de una importancia que rebasa a la misma universidad.
Mónica González Contró es una jurisconsulta que entiende el siglo en el que vive, y comprende a su vez el talante administrativo y político que se requiere para hacer funcionar un centro tan renombrado; un sitio que ha diseñado iniciativas y organismos ahora fundamentales para la vida pública. En palabras de Jorge Carpizo: “Sin el nivel académico apropiado, la Universidad dejaría de ser factor de movilidad social al deteriorarse la capacidad profesional de sus egresados y, por consiguiente, el prestigio de los títulos que otorga. A nadie conviene pues, sino a los intereses más retrógrados, una baja en el nivel académico de nuestra institución”.
