La consolidación de un sistema de justicia eficaz es la base de cualquier Estado democrático.
Sin una estructura judicial que garantice investigaciones reales, procesos imparciales y sanciones efectivas, los derechos fundamentales quedan expuestos a la arbitrariedad y la impunidad.
En América Latina, los sistemas de justicia enfrentan desafíos estructurales cada vez más evidentes, lo que ha generado una profunda desconfianza social y una creciente percepción de ineficacia institucional.
La falta de recursos, la corrupción y la descoordinación entre las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia han sido factores determinantes para que la impunidad continúe como una constante en la región.
Esto no solo compromete el acceso a la justicia para las víctimas, sino que también afecta la credibilidad de las instituciones y debilita la paz social.
El 27 de noviembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia que debe servir como un llamado de atención para México.
En el caso Da Silva y otros vs. Brasil, el tribunal condenó al Estado brasileño por la falta de debida diligencia en la investigación del homicidio de Manoel Luiz da Silva, ocurrido el 19 de mayo de 1997.
Durante más de 16 años, el Estado permitió que el proceso penal se extendiera sin garantizar una investigación efectiva ni sancionar a los responsables (hasta la fecha no se ha resuelto).
A pesar de que desde el inicio se identificaron sospechosos, la justicia brasileña cometió graves omisiones: no se preservaron adecuadamente las pruebas, no se investigó al posible autor intelectual del crimen, no se realizaron peritajes fundamentales y no se protegió a testigos clave.
El fallo evidencia la fragmentación y descoordinación entre el Ministerio Público, la policía y las autoridades judiciales, lo que derivó en una simulación de investigación, sin rigor técnico ni apego a los estándares internacionales.
La Corte IDH determinó que Brasil violó los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la verdad, establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Más allá de las víctimas directas, la falta de justicia tuvo un impacto colectivo, al reforzar la impunidad y desalentar la denuncia de delitos, lo que a su vez fortalece redes de violencia y criminalidad.
Este caso no es aislado ni exclusivo de Brasil. México enfrenta los mismos desafíos y ya ha sido condenado por la Corte IDH en casos emblemáticos como Campo Algodonero vs. México 2009, donde se estableció la responsabilidad del Estado por la falta de debida diligencia en la investigación de feminicidios en Ciudad Juárez. Otro caso relevante es, Digna Ochoa vs. México en 2021, donde la Corte IDH dijo que se cometieron graves fallas por el ministerio público y la policía en la investigación de su muerte; también está el caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs México dictada en 2018, donde se condenó al Estado mexicano por detención arbitraria y someter a violencia sexual y tortura por partes de elementos de seguridad a mujeres detenidas.
La resolución contra Brasil se fundamenta en precedentes que la misma Corte ha dictado contra México, lo que nos obliga a poner especial atención en la forma en que operan nuestras instituciones de justicia.
Este fallo debe ser entendido como una advertencia sobre las consecuencias de mantener un sistema judicial ineficaz.
La justicia no solo debe ser una aspiración, sino una realidad tangible para la sociedad. Para ello, es indispensable fortalecer las instituciones de procuración e impartición de justicia, garantizar su independencia, dotarlas de recursos suficientes y fomentar una cultura de investigación efectiva.
Sin reformas profundas, México corre el riesgo de enfrentar nuevas responsabilidades internacionales por los mismos errores que hoy han llevado a la condena de Brasil.
Transformar el sistema de justicia no es una opción, sino una necesidad impostergable para garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
México tiene la oportunidad de aprender de estos precedentes y evitar futuras condenas internacionales.
La responsabilidad del Estado en la impartición de justicia, no debe ser un tema de discusión, sino una acción concreta y efectiva que responda a las necesidades de una sociedad que exige un sistema judicial digno y funcional.
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