Socializar el conocimiento y la protección de los derechos humanos en México, es necesario para avanzar en la protección de la dignidad humana.
Y es que, solo conociendo los derechos, los podemos hacer valer.
La reforma constitucional del 10 de junio de 2011 marcó un cambio fundamental en el panorama jurídico de los derechos humanos en México.
Desde entonces, el Estado mexicano no solo tiene la obligación de respetar de manera eficaz los derechos humanos de todas las personas que habitamos en el país, sino que también debe cumplir con los compromisos asumidos en los tratados internacionales que ha firmado.
Este compromiso busca demostrar que México garantiza plenamente la dignidad humana, alineándose con los estándares internacionales en la materia.
Como resultado de esta trascendental reforma, todos los servidores públicos están obligados, por mandato constitucional, a conocer y garantizar los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones.
Este conocimiento no es opcional, ya que es indispensable para cumplir con las obligaciones internacionales de México, derivadas de su adhesión a tratados y pactos internacionales de derechos humanos.
El incumplimiento de estos compromisos no solo afecta la credibilidad del Estado mexicano, sino también la vida de quienes habitan en nuestro país.
Cada 10 de diciembre se conmemora un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948, a la que México se adhirió desde su creación.
Esta declaración recoge todos los derechos necesarios para que las personas podamos vivir con dignidad, y su contenido se ha convertido en un estándar ético y legal a nivel global y en la que México también incluyó al implementar la reforma constitucional de junio de 2011.
Sin embargo, más de siete décadas después, México sigue siendo uno de los países donde los derechos humanos son constantemente vulnerados.
Este hecho nos obliga a reflexionar, ya que el incumplimiento de los compromisos internacionales no solo desacredita al Estado mexicano ante la comunidad internacional, sino que perpetúa la violación sistemática de derechos fundamentales.
México se comprometió a aplicar y hacer respetar los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Sin embargo, estos compromisos no se han traducido en acciones efectivas.
A pesar de la normativa vigente, la deuda del Estado mexicano con su población y con la comunidad internacional persiste.
La conmemoración de un año más de la Declaración Universal debe ser una oportunidad para reflexionar y actuar, particularmente en un contexto en el que las nuevas generaciones tomarán las riendas del país.
Es crucial que el respeto y la protección de los derechos humanos sean la base de las acciones estatales.
Cumplir estos compromisos no es solo un acto de coherencia internacional, sino también una obligación democrática.
Una democracia se mide por su capacidad para garantizar los derechos humanos, y en México esto sigue siendo un desafío.
Para avanzar en este terreno, es necesario armonizar todo el sistema jurídico nacional con los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Hasta ahora, los esfuerzos en esta dirección han sido limitados, especialmente en el ámbito local, donde muchas entidades federativas aún no cuentan con marcos normativos alineados con los estándares internacionales.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece derechos fundamentales indispensables para garantizar la dignidad humana y el desarrollo pleno de las personas.
Entre estos destacan el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, así como la prohibición de la tortura, los tratos inhumanos y la esclavitud.
La igualdad y la no discriminación son principios esenciales que aseguran que todas las personas gocen de los mismos derechos, mientras que garantías como el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia son pilares del acceso a la justicia.
Asimismo, derechos como la libertad de pensamiento, conciencia, religión, opinión y expresión son fundamentales para una democracia plural.
El derecho a la educación y a un nivel de vida adecuado es crucial para el bienestar y la autonomía de las personas.
Estos derechos, interdependientes y universales, forman la base de cualquier sociedad justa y respetuosa de la dignidad humana.
Un obstáculo clave para garantizar los derechos humanos en México es el limitado conocimiento que la sociedad tiene sobre ellos.
Incluso dentro de la profesión jurídica, muchos de estos derechos no son plenamente identificados ni comprendidos, y el desconocimiento es aún mayor entre las autoridades responsables de garantizar su cumplimiento.
Esto pone de manifiesto la urgente necesidad de socializar el contenido de la Declaración Universal y educar a la sociedad sobre su importancia.
Si las personas no conocen sus derechos, difícilmente podrán defenderlos o exigir su respeto.
En este nuevo aniversario de la Declaración Universal, México debe avanzar hacia un cambio de pensamiento social que valore el respeto a los derechos humanos como un principio esencial de convivencia.
Socializar el conocimiento de estos derechos es un paso indispensable para garantizar su efectividad, reforzar el compromiso del Estado mexicano con su cumplimiento y construir una sociedad más justa, digna y democrática.
