El 30 de enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó una sentencia de gran trascendencia para el respeto de la democracia judicial y electoral, lo cual tiene una relevancia significativa para México. Este tribunal internacional orienta a nuestro país a fortalecer a los tribunales electorales en cuanto a su autonomía e independencia funcional.
La resolución, conocida como el caso Aguinaga Aillón vs. Ecuador, aborda el tema central de la autonomía e independencia que los estados nación firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos (México es uno de ellos) deben garantizar a los tribunales electorales ya que estas son garantías para su correcto funcionamiento.
En este precedente internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) destaca la forma de fortalecer los sistemas judiciales electorales en América Latina. Asegura que la Convención Americana ha sido interpretada en diversos casos por la corte, enfatizando la importancia de que los tribunales electorales de las Américas sean instituciones con una verdadera autonomía e independencia en todas sus funciones, pues estos tribunales deben actuar de manera imparcial y sin influencias indebidas de los poderes políticos.
El caso Aguinaga Aillón vs. Ecuador, resuelto por la CIDH en enero de 2023, representa un hito significativo en este ámbito. El caso se centró en la destitución del vocal Aguinaga Aillón del Tribunal Supremo Electoral de Ecuador, realizada en la Resolución No. 25-160 del Congreso Nacional en noviembre de 2004, con el argumento de que su designación había sido ilegal. La Corte determinó que esta destitución violó el derecho a un juicio imparcial y las garantías judiciales de independencia.
Esta sentencia resalta la importancia de que los tribunales electorales sean independientes, tanto en su estructura como en su funcionamiento. Esto implica que deben estar compuestos por vocales imparciales, seleccionados mediante procedimientos transparentes y basados en criterios objetivos. Además, la CorteIDH señaló la necesidad de garantizar la inamovilidad de los vocales electorales durante su mandato, excepto por causas legalmente establecidas y bajo garantías procesales adecuadas.
La jurisprudencia de la Corte en este caso también pone énfasis en la importancia de que los tribunales electorales actúen de manera independiente frente a presiones políticas y eviten cualquier tipo de interferencia indebida. Los vocales electorales en Ecuador deben tener plena libertad para tomar decisiones basadas en el análisis jurídico y el respeto de sus derechos fundamentales, sin estar sujetos a influencias externas que puedan comprometer su imparcialidad.
Asimismo, la CIDH resalta que los tribunales electorales deben garantizar la transparencia en sus decisiones y proporcionar una justificación clara y fundamentada en sus fallos.
El análisis de esta resolución es de vital importancia para los Estados de América Latina. Esta jurisprudencia brinda orientación sobre las mejores prácticas para asegurar la autonomía e independencia de los tribunales electorales, lo cual contribuye a fortalecer el sistema democrático en la región.
Los Estados nación, como México, deben estudiar cuidadosamente este precedente y aplicarlo en la elaboración y fortalecimiento de sus marcos normativos y estructuras institucionales. Es fundamental que los Estados promuevan la formación y capacitación de los jueces electorales, así como la difusión y divulgación de los principios de independencia y autonomía de los tribunales electorales en la sociedad.
La Corte refiere que la autonomía e independencia de los tribunales electorales es fundamental para asegurar elecciones justas y equitativas. La jurisprudencia de la CorteIDH, en particular el caso Aguinaga Aillón vs. Ecuador, brinda orientación crucial sobre los principios y estándares que deben regir en este ámbito. Los Estados de América Latina deben analizar detenidamente esta jurisprudencia y aplicarla en la promoción de sistemas judiciales electorales fuertes e independientes. Solo a través de la consolidación de tribunales electorales imparciales y transparentes podemos garantizar la plena protección de los derechos políticos y fortalecer la democracia en la región.
La Corte también se refirió a los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la judicatura para destacar que todos los órganos jurisdiccionales, incluidos los jueces electorales, deben estar protegidos por garantías reforzadas proporcionadas por el Estado. Es fundamental dotar a los tribunales electorales de una verdadera independencia en todas sus funciones. Este fallo es crucial para ser analizado por nuestro país, a fin de fortalecer las instituciones jurisdiccionales electorales y garantizar un sistema de justicia electoral sólido y confiable para las futuras generaciones.
