México es un país en movimiento. Casi una décima parte de los mexicanos viven en el exterior, la gran mayoría de ellos en los Estados Unidos. Además de eso, hay cada vez más extranjeros viviendo en México, tanto los que vienen del norte de Estados Unidos como los que llegan del sur, y un creciente número de refugiados reconocidos. Y el país está justo en la ruta más transitada del mundo para la migración irregular. Por tanto, no es sorprendente que la migración se ha vuelto un punto central en la relación de México con sus vecinos al norte y al sur, así como con los mexicanos en el exterior y sus descendientes.
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido, en general, muy pragmática en temas de migración, buscando conciliar posturas humanitarias y de control en un esfuerzo por equilibrar sus relaciones con los gobiernos de los Estados Unidos y de los países latinoamericanos. La administración jugó un papel seminal en la Declaración de Los Angeles sobre Migración y Protección, que se originó de una propuesta del presidente López Obrador durante una de las Cumbres de Líderes de América del Norte, y luego fue escrita y adoptada por veintiún países de la región. El acuerdo busca un balance entre abrir mayores canales legales para la migración en las Américas, fortalecer sistemas de refugio, invertir en la integración de los migrantes y refugiados en sus países de acogida y coordinar medidas de ordenamiento de canales migratorios entre países vecinos. Es un paso sensato y un acuerdo que muestra que hay cada vez similitud entre los países del hemisferio en temas migratorios, ya que casi todos ya son países de emigración, tránsito e inmigración al mismo tiempo.
El gobierno mexicano también ha jugado un papel importante, si bien a veces contradictorio, en el proceso de ir ordenando la migración irregular en el hemisferio. Ha insistido con el gobierno de Estados Unidos que abra más canales legales para los migrantes, lo cual ha tenido un efecto crítico en decisiones del gobierno vecino en abrir más de medio millón de entradas legales nuevos al año, a cambio de que ese gobierno también puede regresar a nacionales de algunos países a México. En general, esto ha ido dando mayor cauce regular a la migración en el hemisferio, aún en medio de un periodo de afluencias mayores que en cualquier momento de la historia moderna.
Y al mismo tiempo, se ha ampliado el trabajo de la Comisión Mexicana de Apoyo al Refugiado (COMAR), para dar respuesta a los más de 100 mil personas que piden asilo en México cada año, aunque sin muchos cambios de presupuesto. No todos se quedan a vivir en México, pero muchos sí.
Los esfuerzos de control migratorio en la frontera sur y dentro del país han sido necesarios frente a la migración irregular, pero la capacidad institucional del Instituto Nacional para la Migración (INAMI) y de otras instituciones del Estado no ha estado al tanto del desafío, como se demostró en el incendio que costó la vida de 40 migrantes y puso al descubierto el lado oscuro de la política migratoria mexicana. No es que el control sea maligno en sí, porque todos los países toman decisiones sobre quién tiene derecho a entrar, sino que las herramientas que tiene el gobierno mexicano para este esfuerzo distan mucho de los que se necesitan para un control eficaz y humano, y no se han visto intentos de renovar las instituciones que están a cargo de estas tareas.
Al mismo tiempo, las relaciones con la diáspora mexicana se han ido fortaleciendo, aunque más por inercia que por un diseño intencional. Ha habido más de 11 millones de mexicanos en el exterior, desde ya hace muchos años, y el número seguramente ha crecido en los últimos tres años con la llegada de cientos de miles más de mexicanos a los Estados Unidos. De hecho, se ha aumentado notablemente la tasa de emigración irregular de mexicanos en este periodo, si bien no a los niveles de los años 90 y principios del siglo. Los consulados mexicanos han sido un vínculo clave con la diáspora, y cada vez efectivos, así como el Instituto para los Mexicanos en el Exterior (IME). Y hay más y más mexicanos (y sus hijos) invirtiendo en México o lanzando negocios binacionales, que construyen un lazo de facto entre comunidades.
Pero en México todavía falta una visión comprensiva de lo que el país quiere de la migración. Las políticas han sido más reactivas que proactivas, lo cual es muy común en todo el mundo, pero menos óptimo para México con la importancia que viene a cobrar el tema migratorio en la actualidad. ¿Qué quieren los mexicanos de la migración? Esa pregunta aún sigue sin contestarse.
Hay evidencias de que hay cada vez más necesidades en el mercado laboral mexicano que podrían beneficiarse de mano de obra extranjera, desde agricultura de exportación hasta innovación en tecnología de punta. Hay una diáspora con ansias de poder vincularse cada vez más con su país de origen. Y hay un capital político internacional que ha ganado México por sus esfuerzos alrededor de la migración El reto al futuro es como poner todo esto junto para tener una estrategia pensada y bien diseñada que puede beneficiar a México y los mexicanos en los años que viene.
Presidente del Instituto de Políticas Migratorias
@seleeandrew
