Las mujeres rurales juegan un papel fundamental para la reproducción de la vida, son las productoras de más de la mitad de los alimentos que consumimos a nivel nacional, son las cuidadoras de los bienes y recursos naturales, de la diversidad cultural y su trabajo campesino es parte esencial de la economía y el desarrollo de nuestro país.
En la tierra y sus ciclos está el origen de la vida, representa la base de la identidad cultural y espiritual de las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas de México, y son las mujeres son las principales guardianas de su cuidado.
La estructura agraria de México es el resultado del reconocimiento, restitución y dotación de tierras del periodo posrevolucionario y del cardenismo, 51% del territorio mexicano es propiedad social, con 32,203 núcleos agrarios (29,827 ejidos y 2,424 comunidades). 5.3 millones de personas son dueñas de aproximadamente 10 millones de hectáreas, donde se concentra 81% de la biodiversidad y riqueza natural del país y la diversidad étnica y lingüística de los pueblos indígenas.
Desde 1925 se reconoció el derecho de las mujeres a ser ejidatarias y comuneras, hoy solo 27 de cada 100 personas con derechos agrarios son mujeres.
Esta desigualdad tiene su origen en un sistema patriarcal que invisibiliza el aporte de las mujeres en lo público; en los roles y estereotipos de género que no reconocen su trabajo en el campo; en el origen del reparto agrario que reconoció derechos a núcleos familiares con jefaturas de familias masculinas y a los procedimientos administrativos y jurisdiccionales de difícil acceso.
El acceso restringido a la titularidad de la tierra contribuye a la discriminación y exclusión social de las mujeres, dificulta su participación en los órganos de representación y de toma de decisiones; que accedan a apoyos públicos; a proyectos productivos, y a un patrimonio propio.
Desde el Instituto Nacional de las Mujeres y desde el Gobierno de México reivindicamos el papel de las mujeres en el campo y en el cuidado de la tierra y los bienes naturales, impulsando la Estrategia integral para el acceso de las mujeres rurales e indígenas a la Tierra, al Territorio y al reconocimiento de sus derechos agrarios, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y los Tribunales Agrarios.
El objetivo es disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres con relación al acceso a la tierra y la titularidad de derechos agrarios, en especial de mujeres rurales, indígenas y afromexicanas. A través de jornadas de justicia itinerante para mujeres, actualización de reglamentos internos y estatutos comunales con perspectiva de género, entrega de documentos agrarios, capacitación a funcionariado público del sector agrario, servicios de atención prioritaria, procesos de formación a mujeres y núcleos agrarios, y promoción y difusión de derechos.
De 2020 a 2024 se realizaron 15,183 juicios sucesorios intestamentarios en beneficio de mujeres rurales e indígenas, mediante jornadas de justicia itinerante en las 32 entidades del país, garantizando la regularización de sus documentos y su acceso a la tierra.
De 2022 a 2024 se ha impulsado la actualización de 6,720 reglamentos internos y/o estatutos comunales con enfoque de género y protección de bienes ambientales; lo que representa 20.85% de los núcleos agrarios del país.
Se ha contribuido a incrementar la participación de las mujeres en los órganos de representación y vigilancia, pasando de 17% en 2019 a 33% en 2024. Entre 2020 y 2024 fueron electas 122 mil 43 mujeres en cargos de comisariados y consejos de vigilancias.
La titularidad sobre la tierra, para las mujeres campesinas, representa la posibilidad de ampliar sus oportunidades de mejorar la vida, individual y colectiva. El reconocimiento e inclusión comunitaria; la participación en la toma de decisiones sobre la tierra y el territorio, y sobre el futuro de sus pueblos; fortalecer su economía y su autonomía. Brindar certeza agraria a las mujeres, es también fortalecer las bases de sus derechos humanos.
Directora General para la Promoción de una Vida Libre de Violencia en Impulso a la Participación Política. Inmujeres
