El domingo 13 de noviembre pasará a la historia de México como un día de conmemoración a la defensa de la democracia por parte de la ciudadanía mexicana.
Más allá de las cifras o del posicionamiento político que se tenga, es de celebrarse que la mayoría de los mexicanos hoy pueda y esté debatiendo sobre el futuro de nuestra democracia y del aparato electoral. Hace algunas décadas, eran pocos los que se incomodaban y menos los que expresaban sus cuestionamientos sobre la decisiones político-electorales que marcaban de fondo la vida de nuestro país.
Desde luego que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene áreas de oportunidad, desde su creación en 1990 (bajo el nombre de Instituto Federal Electoral) ha ido avanzando y se ha ido reformando para fortalecer su autonomía. En ese tenor, en 1996 se da uno de los pasos más complejos e incluso, “sufridos” para nuestro país, el aparato electoral se desprende del yugo de la Secretaría de Gobernación, logrando por primera vez avanzar hacia la independencia del poder político ¿Y ahora qué se propone? Entregar el padrón electoral a la SEGOB, a esa misma que era dirigida por el actual Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, cuando se orquestó el fraude de 1988 en contra de Cuauhtémoc Cárdenas. Pues sí, aunque parezca chiste de mal gusto o una vulgar burla, no lo es, nos encontramos en el 2022 ante una reforma que abiertamente busca regresar los tentáculos del gobierno al engranaje electoral.
Sin duda, es pertinente y necesario hacer una revisión constante del órgano electoral y de sus procedimientos institucionales debido a su complejidad orgánica y a los constantes embates que recibe del propio contexto y de las fuerzas políticas a las que busca regular. El voto electrónico, por ejemplo, representa una exigencia emanada de las necesidades cuantitativas del gran padrón electoral mexicano, su utilización facilitaría la participación ciudadana impactando directamente al menguar el abstencionismo. Sin embargo, en la actualidad no se pone en tela de juicio una modernización funcional, sino una implosión estructural encaminada a revertir las condiciones de autonomía operacional para el cumplimiento de los objetivos de un sistema electoral democrático.
No hace falta ser un erudito de la Ciencia Política para entender que la elección de consejeros y magistrados mediante el voto de la ciudadanía, como propone la reforma actual, inclinaría en lo inmediato la balanza hacia el oficialismo deliberadamente, ya que las listas de candidatos estarían controladas por el presidente, los partidos mayoritarios en el Congreso (Morena) y la Suprema Corte (la cual libra una lucha propia para conservar su imparcialidad).
Muchos son los mexicanos que comprenden que la evolución democrática de nuestro país va en paralelo al desarrollo de los órganos independientes y que la implosión de los mismos conlleva a un retroceso que nos acerca cada vez más a ese espacio del pasado del cual salir nos costó sangre, sudor y lágrimas.
Las imágenes de las calles y los mensajes en las redes sociales en este 13 de noviembre, me llevan a darle la razón al presidente López Obrador, el pueblo es sabio y ante las amenazas a sus derechos, reacciona de forma INEsperada.
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