Los recientes acontecimientos en Colombia no pueden dejarse de lado en nuestro país. Debemos hacer un ejercicio crítico y reflexivo sobre la crisis que vive la región latinoamericana y las respuestas de los gobiernos para contrarrestar los efectos de la desgastada relación político-social.
Entre las muchas variables comunes que podemos encontrar tras un esfuerzo comparativo, resaltan el desgaste del modelo económico, la falta de representatividad y la falta de credibilidad en las instituciones del poder político, que han llevado a exigir una reforma del Estado.
En los casos de Chile y de Colombia se puede observar que durante el 2019 tanto en el estallido social chileno como en las protestas contra Iván Duque, la respuesta del Estado se basó en la represión a través de sus fuerzas de seguridad, mismas que han sido fuertemente cuestionadas por los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos Internacionales.
En el caso colombiano las protestas iniciadas hace unas semanas en contra de la reforma tributaria, se han ido transformando en una demanda urgente para regular y reformar a la Policía Nacional de Colombia. La naturaleza militar de la policía colombiana, la cual se encuentra adscrita al Ministerio de Defensa, respondía a las exigencias de la lucha contra la guerrilla y las fuerzas paramilitares, enemigos del Estado y a las amenazas a la seguridad nacional. Sin embargo, hoy son los ciudadanos los que hacen el uso del derecho de manifestarse y de libertad de expresión y son los que han sido fuertemente vulnerados. No obstante, los muertos y heridos a manos de la policía, el presidente Duque ha minimizado los hechos y no se ha pronunciado a favor de una reestructura de fondo de la institución. Lo anterior, ha exacerbado los ánimos de la población que ha agredido a los uniformados y ha prendido las alarmas del Alto Comisionado de los Derechos Humanos.
Otro evento para la reflexión, lo encontramos en Chile. Mucho se ha debatido sobre Carabineros, una de las policías mejor evaluadas en la región, de mando centralizado y también, de naturaleza militar. La actuación de Carabineros durante el estallido social, dejó varios lesionados por el uso de balines de goma con metal, ocasionándoles ceguera parcial o total. Las propuestas de Reforma Policial iniciadas por el presidente Piñera, han sido consideradas como “cosméticas”. El caso de Chile ha escalado y Sebastián Piñera fue denunciado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
En ambas instituciones, la Policía Nacional colombiana y Carabineros de Chile, las observaciones respecto a la reforma policial van encaminadas a la desmilitarización, al establecimiento de una policía de carácter civil, a la regulación y delimitación de protocolos de actuación y uso de la fuerza, así como a la implementación de un sistema de supervisión externa. En contraste, en México la reforma para la creación de la Guardia Nacional, ha incentivado el carácter militar de la institución y ha evadido los controles civiles. Las deficiencias históricas y endémicas de la policía versus la confianza, cadena de mando y capacidad de despliegue de las Fuerzas Armadas, junto con la falta de voluntad política para el fortalecimiento de la policía, nos están acercando a modelos rebasados por la realidad social, incompatibles con el respeto a los DDHH, como han dado muestra el caso chileno y el colombiano. Los dolorosos ejemplos que nuestros vecinos nos ofrecen, los debemos de tomar con seriedad, pues nos enseñan que la Guardia Nacional, hasta hoy, va de reversa en el tiempo, en sentido contrario al contexto internacional y, principalmente a las demandas un país democrático y de una sociedad que vela por el respeto de sus derechos individuales.
