El 2020 será un año inolvidable para el mundo, para México y para las Fuerzas Armadas mexicanas, que se han visto involucradas en diversas tareas que van desde la construcción de las megaobras, hasta el enfrentamiento con problemáticas sin precedente, como lo son el apoyo en la lucha contra el coronavirus o los escándalos por tráfico de drogas del extitular de la SEDENA. Hoy más que nunca urge redefinir el rol de las Fuerzas Armadas, tarea fundamental en un momento en el que gran parte del proyecto nacional recae en sus instituciones, mismas que se han visto cimbradas con cuestionamientos que van desde su integración formal a tareas de seguridad pública, la asignación de nuevas tareas o por eventos desafortunados que denotan un uso excesivo de la fuerza o que involucran algunas ex autoridades de las mismas.
La historia de nuestro país no escatima en ejemplos relacionados con decisiones provenientes del poder político, encaminadas al uso de militares en cuestiones de orden interno. Si se observa la grave crisis cuantitativa y cualitativa de nuestra débil policía, no es de extrañar que el Presidente López Obrador haya transitado de la idea de desaparecer a las Fuerzas Armadas, a la de darles un soporte formal, a través del artículo Quinto Transitorio de la reforma constitucional que creó a la Guardia Nacional y fundamentó su incorporación en tareas de seguridad pública con término en el 2024.
Es un error pensar que las Fuerzas Armadas deben regresar a los cuarteles o a sus tareas tradicionales, tareas que no han desempeñado desde hace más de 70 años. Lo anterior aplica no sólo para el caso de México, sino que para la mayoría de las Fuerzas Armadas de la región.
El Plan DNIII y el Plan Marina, diseñados para auxiliar a la población en caso de desastres, son ejemplo concreto de tareas ampliadas del aparato militar, que ha vuelto a México, y a sus Fuerzas Armadas, un modelo a seguir para muchos países.
La polivalencia o tareas ampliadas de las Fuerzas Armadas son una realidad y una tendencia internacional, pero también es un tema de profunda reflexión y serio debate. Las funciones hasta aquí citadas, defensa y apoyo en casos desastres, son de fácil consenso, no así el empleo de militares en la lucha contra el narcotráfico, combate al crimen organizado, construcción de obras públicas, control de puertos y aduanas, entre otras.
El Ejército mexicano es una institución que ha mantenido altos niveles de confianza, por encima del Congreso o de los partidos políticos. Sin embargo, es innegable que hoy se enfrenta a una de sus peores crisis, derivada principalmente de la sobrexposición que ha tenido y que ha terminado por afectar la imagen de la institución y la relación cívico-militar.
Eventos como los ocurridos en septiembre, en la presa La Boquilla, Chihuahua, demuestran que el uso indiscriminado de las Fuerzas Armadas tiene también efectos negativos, que llegan a generar escenarios de mayor violencia cuando se emplean en asuntos que requieren negociación política y que no parecieran ser “temas de Estado”. Además, incidentes como éste desgastan la imagen de la institución que cada vez es más cuestionada.
En este sentido, la detención del Gral. Cienfuegos por cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero, deja claro que las FFAA tienen problemas que no se resolverán encerrándolas en los cuarteles, al mismo tiempo demuestra que no existe un blindaje en las instituciones militares que impida que se corrompan y que sean seducidos por los mismos vicios que aquejan a los servidores públicos y, en general, a nuestra sociedad. La armadura anticorrupción que se presume tienen las instituciones militares, está tejida por los hilos del aislamiento y de la lejanía de las tentaciones que asechan al poder político. Las cosas han cambiado, las Fuerzas Armadas inmersas en tareas del orden público, se encuentran también sumidas en los riesgos que han deteriorado a las policías.
La avalancha de escándalos de las instituciones armadas , iniciada con el caso de “El Padrino”, parece no tener un fin próximo. El deterioro del escenario actual, ocurre en un momento de gran confusión entre las dimensiones de lo político y lo militar, urgiendo resolver la disyuntiva entre definir, a través, de un ejercicio legislativo serio y reflexivo –por tanto, en sede político-democrática– las nuevas funciones de las Fuerzas Armadas, encaminándolas al fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país, la otra alternativa es continuar en la inercia que ha ido difuminando las barreras y las responsabilidades entre el poder político y el militar, asumiendo los costos de arrastrar a las Fuerzas Armadas a compartir los vicios y los fracasos del poder político.
