El cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador apunta a ser con un manotazo sobre la mesa, al igual que su arranque y el manotazo de cancelación del NAIM. La reforma al Poder Judicial se supone que la quiere el Presidente para mejorar el sistema de justicia en México, pero nada de lo que incluye su propuesta va encaminado a ello. Más bien tienen todos los tintes de un acto de venganza contra un contrapeso que le ha puesto frenos.
Primero le puso un freno cuando quiso la extensión de mandato de Arturo Zaldívar como Ministro Presidente de la Corte. Antes, cuando los ministros se negaron a apegarse a recortarse el salario como pedía el Presidente para que nadie ganara más que él. Y durante el sexenio le pusieron varios altos en sus intentos por pasar por encima de la Constitución. Notable fue el caso de la Ley de la Industria Eléctrica.
El documento oficial con los objetivos de la reforma al poder judicial se puede leer que ésta busca una Suprema Corte eficaz, austera y transparente en donde la elección popular legitime a los impartidores de justicia.
Eso no va a ocurrir. Pretender que sean sujetos del voto popular suena democrático, pero es un sin sentido. Primero porque para ser seleccionados dependerán de la presidencia y del poder legislativo. Segundo porque los ciudadanos apenas nos informamos de quién busca la presidencia. Ni hablar de los candidatos a diputados o senadores. Menos ocurrirá con los integrantes del judicial.
Bolivia es el único país en el mundo que elige, por voto popular, a los 26 principales cargos judiciales incluyendo a los integrantes d el Tribunal Supremo de Justicia. Hasta ahora la elección de integrantes del poder judicial solo ha ocurrido dos veces en Bolivia, en 2011 y 2017. En ambas los votos nulos y blancos han sido más numerosos que los favorables a los candidatos. Y la que tenía que ocurrir el año pasado está suspendida por un conflicto entre el legislativo y el judicial. Ha sido un verdadero caos en donde el ganador ha sido el actual presidente, Luis Arce, quien controla al poder judicial y ante la parálisis lo seguirá haciendo indefenidamente.
En un país como México, con los problemas de dinero sucio y crimen organizado ¿de verdad queremos que quienes quieran impartir justicia tengan que salir a hacer campañas y a buscar recursos; hacer convenios con cárteles; atraer dinero sucio y luego, cuando ganen, tengan que cumplir con sus “patrocinadores”?
El expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé, opinó en entrevista para El País sobre cómo ha funcionado este sistema: “para elegirse debían cortejar a los políticos durante la preselección de candidatos, que se hace por dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa, y luego tenían que hacerse conocer por los votantes en un proceso electoral sin tradición alguna en el país. El voto popular obedece a una lógica: se vota por simpatía, por identificación, pero los votantes no están capacitados para evaluar los méritos de un funcionario que, sobre todo, es técnico”. A ello agregó que “El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), siendo el garante de los derechos fundamentales, hasta hoy no repara en que Bolivia tiene el récord de meter gente en las cárceles. Existen 30 mil reos y, esto es lo grave, un 70% con prisión preventiva, sin sentencia. Los magistrados han sido funcionales a esta práctica abusiva”.
Difícil pensar que México pueda estar peor en materia de impartición de justicia y Estado de Derecho pero la reforma de López Obrador será el camino más seguro para lograrlo. Y todo por un acto de venganza.
