Ante la pandemia por COVID-19, muchos gobiernos están anunciando el cierre de fronteras y restricciones para la entrada de extranjeros. Donald Trump, quien está en plena campaña de reelección, ya comenzó a anunciar medidas unilaterales de cierre parcial de la frontera con México. El gobierno mexicano también ha aceptado recibir personas deportadas de otros países. A la emergencia sanitaria ya se está sumando la emergencia migratoria, sin que México cuente con planes, infraestructura o personal médico suficiente para cuidar la salud de los migrantes.
Antes de la emergencia, en México, ya había miles de mujeres, niños y hombres en centros de detención de migrantes que viven hacinados y sin acceso a los servicios básicos. Si el COVID-19 cundiera en esos sitios, los migrantes podrían ser señalados injustamente como foco de contagio. Cuando la pandemia comience a saturar los hospitales en México, no sería sorprendente que la gente exija que la atención médica se brinde primero a ciudadanos mexicanos. Lo peor que podría pasar es que, además del coronavirus, los migrantes sufran a causa del “virus” de la xenofobia, que es muy contagioso y también cobra vidas.
Los virus no preguntan por el estatus migratorio: afectan a todos los seres humanos por igual y por eso debemos atender a todas las personas por igual. Desde la sociedad civil proponemos un conjunto de acciones alineadas a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hoy, más que nunca, debemos:
Brindar atención médica a todos. El acceso a la salud de todas las personas que se encuentren en el país no sólo es un derecho consagrado por la Constitución, sino también una medida indispensable para combatir eficazmente la propagacion del virus. Por eso, se deben garantizar condiciones mínimas de salud y atención hospitalaria para las personas migrantes en nuestro país, ya sea que estén detenidas en estaciones migratorias o estancias provisionales.
Colaborar con las organizaciones de sociedad civil. Quienes hemos trabajado por décadas los temas migratorios tenemos la mejor disposición de apoyar a las autoridades y aportar nuestra experiencia en el importante esfuerzo de cuidar la salud de las personas migrantes. Hacerlo requiere de acciones de coordinación con el sector salud, estatal, municipal o federal, por ejemplo con los más de 100 albergues del país que brindan atención directa a población migrante.
Hacer responsable también a Estados Unidos. El coronavirus no conoce fronteras. Debemos exigir corresponsabilidad a nuestro vecino del norte para frenar su expansión a través del acceso a la salud y protección para la población migrante y solicitante de asilo y refugiada, así como para las más de 11 millones de personas mexicanas viviendo en Estados Unidos, no a través de políticas migratorias restrictivas. No se nos puede olvidar que en México viven casi 1 millón de personas extranjeras.
No estigmatizar. La xenofobia es también un “virus” que puede matar. Cualquier esfuerzo serio para frentar la propagación del COVID-19 en México requiere que las personas no sean discriminadas por ninguna de las condiciones que enfrenten y que no se les niegue atención médica por su condición de migrantes.
Garantizar el acceso al asilo. Es fundamental que cualquier ajuste de los controles fronterizos, las restricciones de viaje o las limitaciones a la libertad de circulación a consecuencia de la pandemia no impidan que las personas que huyen de la persecución tengan acceso a la protección internacional.
Esta difícil contingencia sanitaria es un recordatorio claro de que los mexicanos nos hemos tardado mucho en promover una migración más justa y humana. Por decencia básica las políticas
migratorias deben repensarse: no podemos tener a miles de mujeres, niños, ancianos y hombres hacinados en condiciones insalubres por falta de documentos. México es un gran país, y los grandes países tienen políticas migratorias que respetan los derechos de todas las personas, incluyendo el derecho humano a la atención médica. Tenemos que hacerlo mejor y tenemos que hacerlo ya. Ante la pandemia, no hay tiempo que perder.
Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho
Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC.
Alejandra Macías, directora de Asylum Access México
