Cuando creímos que el presidencialismo tenía suficientes contrapesos y candados para cerrarle el paso a las ocurrencias y sus excesos, el Poder Legislativo se erigió en el subordinado más complaciente de sus instrucciones, incluso por encima de nuestro marco legal y la agenda de derechos humanos.
A juzgar por su actuar, el primer gobierno de “izquierda” en México piensa que 30 millones de votos son suficientes para justificar el derrumbe de instituciones, programas y presupuestos para garantizar los derechos de las y los mexicanos, incluso si lograrlo supone pasar por encima de la atención a la niñez con cáncer o por una pésima gestión de la pandemia por Covid, que ahora le da pie para lucrar políticamente con una nueva esperanza: la de la vacuna.
Gracias a la subordinación de legisladoras y legisladores de Morena, PES, PT y PVEM, en la Cámara de Diputados se han aprobado 24 de las 30 iniciativas de ley enviadas por el presidente; cuatro se encuentran pendientes en comisiones de origen y dos más, en Cámara revisora. ¿El objetivo? Concentrar poder y recursos.
En el Congreso de la Unión, desde la oposición hemos podido enriquecer y enmendar planas de terror en reformas constitucionales, como la eliminación de la autonomía universitaria, de la educación inicial e inclusiva que pretendían en el artículo 3º de la Constitución, porque requieren dos terceras partes de los votos de los legisladores presentes. Sin embargo, la conformación numérica de la mayoría morenista y sus aliados, permite que modifiquen y aprueben cualquier legislación secundaria e incluso el Presupuesto, sin mover una coma de la propuesta presidencial.
Así, una de las grandes batallas ganadas por la mayoría oficialista en San Lázaro, fue la desaparición de 109 fondos y fideicomisos por más de 68 mil 400 millones de pesos, que ahora serán utilizados de forma discrecional por el gobierno federal, pues ya no estará obligado a ejercer esos recursos en atención de enfermedades graves como cáncer o transplantes de órganos para población sin derechohabiencia social; prevención y atención de desastres naturales; ciencia y tecnología, cultura física y deporte, cinematografía, cambio climático, víctimas de delincuencia organizada y desarrollo metropolitano, entre muchos otros temas de interés nacional.
El paquete económico de 2021 también fue motivo de celebración por parte de Morena y su gobierno. Dijeron que no cobrarían más impuestos, pero las gasolinas y combustibles seguirán subiendo; eliminaron la posibilidad de exentar de impuesto la descarga o acceso a libros, periódicos y revistas electrónicas y se resistieron hasta a quitarle el IVA a los productos de gestión menstrual femenina, para apoyar la salud y la economía de las niñas y mujeres más pobres del país.
La partida que también van ganando los fieles seguidores de la autollamada “cuarta transformación”, es la del aumento de transferencias económicas a costa de la falta de recursos para educación, salud y seguridad. Desaparecer instituciones y programas, muy pronto hará de México un país donde el más caro anhelo será alcanzar a formar parte de esta clientela electoral.
Por eso, la batalla que importa en este 2021 es cerrarle el paso a la sumisión de un Poder como el Legislativo que está llamado a ser contrapeso del Ejecutivo, no para obstaculizar, sino para consolidar nuestra democracia y con ella la igualdad de oportunidades que merece un país como el nuestro.
Morena seguirá ganando votaciones en el Congreso de la Unión y en muchos congresos locales durante los próximos meses, pero la ley nos otorga el derecho de elegir de forma libre y secreta en las urnas a quienes realmente representen nuestros intereses y no los de una persona o un partido. La realidad es el mejor juez para quien tenga dudas.
Diputada federal mexiquense.@AnaLiliaHerrera.
