¿Vives en las casas o en los terrenos?”, fue la pregunta inicial de mi compañera al llegar a la primaria en Ecatepec. A mis seis años, ni siquiera entendí a qué se refería; de a poco, fui comprendiendo que a los ojos de los demás, poder comprar una casa, aunque fuera mediante un crédito a 20 años, marcaba una diferencia respecto de quien solo podía adquirir un terreno y poco a poco, ir construyendo su hogar.
La discriminación, como la violencia, tienen formas tan variadas, como nuestra capacidad de respuesta y de resistencia. Por eso esta breve historia que me sorprendió siendo pequeña y que no tuvo mayor relevancia en mi vida, llegó a mi memoria esta semana, cuando en comisiones de la Cámara de Diputados, aprobamos por unanimidad la reforma que propusimos mi compañero Ismael Hérnández Deras y una servidora, para prevenir la violencia escolar.
La sinrazón de la discriminación hacia un compañero o compañera de escuela, puede relacionarse con la forma de vestir, de hablar, el nombre, las preferencias, el peso o la estatura. Ninguna es admisible.
Actualmente, la Ley de Niñas, Niñas y Adolescentes establece disposiciones, a fin de coordinar a las autoridades en la atención a esta problemática. Sin embargo, datos de la más reciente Encuesta infantil y juvenil realizada por el Instituto Nacional Electoral el año pasado, revelan que el acoso escolar entre compañeras y compañeros, así como la discriminación, son las problemáticas que más preocupan a las niñas, niños y adolescentes.
La OCDE ubica a México como el primer lugar internacional de bullying, afirmando que el 50% de los estudiantes mexicanos son víctimas de este tipo de acoso; en tanto, el Conapred advierte que 7 de cada 10 adolescentes de 12 a 17 años (71.6%) reportan en los últimos cinco años haber recibido insultos y burlas, mientras que más de un tercio (36.1%) reconocieron ser víctimas de amenazas.
La violencia escolar ha encontrado formas y brechas que la mantienen vigente: el uso de la tecnología y las redes sociales han dado paso al ciber acoso sobre el que recientemente, el INEGI publicó las cifras de 2021: entre agosto de 2020 y septiembre de 2021, de la población de 12 a 17 años que reportó ser víctima de ciberacoso, el 58.2 % fueron agredidas por personas de esa misma edad.
En este contexto, la propuesta que presentamos en San Lázaro, toma relevancia al incorporar a la ley como parte de la política pública en materia de violencia escolar, la prevención y detección de cualquier expresión de violencia.
El reto es que las acciones del gobierno ante la violencia escolar no solo sean reactivas y se aborde esta problemática desde la prevención y detección para evitar que escale y que las niñas, niños y adolescentes se vean afectados en su desarrollo.
Una vez aprobada en el pleno y después en el Senado, el reto será hacer valer una de las facultades más trascendentes como diputados: impulsar que se considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que es la verdadera hoja de ruta del país. La educación, para que incida en nuestros menores, exige herramientas y capacitación para nuestros maestros y maestras. Sin recursos, se quedaría en el discurso y poner freno a la violencia y las agresiones de cualquier tipo, merece ser prioridad.
@AnaLiliaHerrera
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