La violencia contra las mujeres escala y llega a matar, se sabe y se comprueba cada día con profundo dolor e impunidad. Parte, además, de la desigualdad y por eso un agresor ejerciendo funciones públicas es doblemente peligroso: en lo privado y en lo público.
Hoy que el miedo se transformó en hartazgo y éste en valor, el movimiento feminista encuentra nuevas fórmulas en su lucha para erradicar la violencia contra las mujeres y sus hijos, ¿o de qué otra forma podemos llamar al abandono económico de niños, niñas y adolescentes?
La primera vez que escuché sobre la 3 de 3 contra la violencia, fue durante un foro organizado en 2019 por las Constituyentes Feministas Mx, al que asistimos un grupo plural de diputadas con el objetivo de sumar esfuerzos más allá de filiaciones partidistas.
Poco tiempo después, me enrolé en las filas del activismo a favor de los derechos de las mujeres en el Colectivo 50+1 y pusimos manos a la obra en el Estado de México, donde gracias al conocimiento y compromiso de nuestras integrantes, así como de las Constituyentes Feministas Mx y Mujeres en plural, entre otras organizaciones, logramos articular una serie de propuestas que presentamos en el Congreso del Estado de México y que, gracias a la sensibilidad de las legisladoras, fueron acogidas. En el Estado de México la 3 de 3 es ley, al menos para quienes aspiran a un cargo de elección popular.
Un buen inicio para mi estado y una práctica que poco a poco, se reproduce en diferentes entidades del país, aunque no es tan sencillo como pareciera. La lucha por los derechos de las mujeres avanza hoy con el viento de la cuatroté y del pacto patriarcal en contra: retrocesos presupuestales; freno al trabajo de la sociedad civil organizada; cooptación de instituciones y hasta vallas en Palacio Nacional.
En el mundo al revés, la institución responsable de velar por los derechos humanos en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha impugnado los avances de la 3 de 3 contra la violencia en Hidalgo, Nuevo León y recientemente en Yucatán, considerando que se trata de restricciones excesivas y discriminatorias a los derechos humanos de los agresores y, por tanto, inconstitucionales.
¿Pues no se supone que un representante popular o un servidor público deben acreditar un modo honesto de vivir y ser los primeros en cumplir con la ley? ¿No son ellos quienes deben velar por la igualdad de género, la erradicación de la violencia contra las mujeres y los derechos de niñas, niños y adolescentes? ¿O el “poder” de un cargo público exime a un padre de esas responsabilidades? ¿Por qué creerá la CNDH que se puede discriminar a las mujeres violentadas y sus hijas e hijos menores de edad, cuando el agresor es servidor público?
Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó ya las argucias que intentó Derechos Humanos y declaró constitucionales los avances legales alcanzados en las entidades referidas.
Instituciones obligadas a ser contrapesos y garantes de nuestros derechos, como el máximo tribunal de justicia del país y el Instituto Nacional Electoral han hecho valer su autonomía y actuaron con firmeza en torno a una causa apremiante: la erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres.
Ahora necesitamos evolucionar y pasar de leyes locales o del Acuerdo que el INE emitió en 2020 -para contener o al menos disuadir la presencia de agresores en cargos de elección popular-, a tener normas de aplicación en todo el territorio nacional, que además de representantes populares, cierren el paso a funcionarios designados o por concurso que transgredan la ley en lo privado y muy probablemente en su desempeño público.
Un servicio público libre de agresores, acosadores de mujeres o deudores de pensión alimenticia es posible y debería ser prioridad para el siguiente periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero. No hay dudas, ni pretextos.
@AnaLiliaHerrera