Llegué a la presidencia municipal de Metepec, en el Estado de México, en 2009: meses después de la tragedia ocurrida en la Guardería ABC, una estancia infantil que funcionaba en el norte del país, bajo el modelo de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social, un ámbito lejano a mis facultades legales, pero cercano a mis posibilidades como alcaldesa y mi convicción de sumar, en lugar de culpar.
Hacía poco tiempo que el gobierno federal había implementado otro Programa de Estancias Infantiles, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y sin dudarlo, me di a la tarea de buscar el directorio de las ubicadas en el territorio municipal, a fin de revisar sus instalaciones a través del área de Protección Civil y de apoyar para garantizar la seguridad de las y los menores que a diario albergaban.
De la mano de normas y especialistas, tomamos también medidas en las Estancias Infantiles a cargo del Ayuntamiento, a fin de minimizar riesgos y cumplir con la responsabilidad que establece la ley: identificar y analizar riesgos, para la prevención y mitigación.
Hoy en México no hay más Estancias Infantiles que supervisar, porque desaparecieron bajo falsos señalamientos, al igual que se eliminó el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y los recursos que llegaban a las entidades federativas para rehabilitar nuestras escuelas, y es que no hay razón que valga a la hora de discutir el Presupuesto en una Cámara de Diputados donde la mayoría oficialista solo acata instrucciones. Pero siempre hay algo que sí se puede hacer, sobre todo cuando la realidad lo demanda.
Recientemente fue dado a conocer el reporte “Evaluación del sistema educativo en el nivel básico”, a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el cual advierte que, de las 197 mil 843 escuelas públicas registradas desde el nivel preescolar hasta el nivel de secundaria, 147 mil 570 instituciones (siete de cada diez) carecen de un programa de Protección Civil.
Aunado a lo anterior, la ASF subrayó que gran parte de estas escuelas ya rebasaron su vida útil en términos de infraestructura, y son peligrosas para la comunidad que las utiliza.
De acuerdo con la “Guía para Elaborar o Actualizar el Programa Escolar de Protección Civil”, es prioritario proteger a las niñas, niños y adolescentes en las escuelas y enseñarles sobre los peligros a los que pueden estar expuestos y preparar al alumnado, a docentes, directivos, padres de familia y a la comunidad escolar en general, para actuar de la mejor manera, antes, durante y después de una emergencia.
Por eso, esta semana solicité a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a las secretarías de Educación Pública y de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, para que promuevan la elaboración de los Programas Escolares de Protección Civil ante las autoridades educativas estatales que aún no lo tengan, priorizando las escuelas públicas del nivel preescolar, primaria y secundaria.
Asimismo, pedí que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realice la investigación, estudio y evaluación de los riesgos, peligros y vulnerabilidades en los centros e instituciones educativas cuya infraestructura ha rebasado su vida útil. Y volveré a exigir reglas de operación claras y presupuestos para la infraestructura educativa, en la discusión del paquete económico.
Basta de ser víctimas eternas. Aprendamos a usar la memoria como impulso para actuar, en lugar de politizar las tragedias y repartir culpas. Urge convertir el hartazgo en reflexión, creatividad y acción colectivas. Hagamos que suceda.
@AnaLiliaHerrera
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