En el mundo al revés, el discurso vende oportunidades educativas y de trabajo para la juventud, pero en los hechos, los ataja con becas, universidades y “trabajos” que no los llevarán a desplegar su potencial y talento, sino a estacionarse en el lugar que más conviene a cualquier régimen autoritario: el adoctrinamiento y el clientelismo.
¿De qué sirvió “garantizar” la gratuidad y la obligatoriedad de la Educación Superior en la reforma constitucional de 2019, si en lo que va del sexenio ni el gobierno federal ni su mayoría legislativa en la Cámara de Diputados, han incrementado recursos a las universidades públicas de calidad?
¿De verdad piensan que con la cantidad de información a la que hoy tiene acceso la juventud mexicana, van a querer estudiar en las Universidades Benito Juárez carentes de planteles, talleres, laboratorios y donde muchas de las carreras que se imparten, ni siquiera tienen validez oficial?
El interés del autoritarismo no está en la educación que brinda herramientas para la independencia económica y de pensamiento crítico, pero tampoco en generar oportunidades reales de trabajo, como podemos constatar con la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor y con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro.
La semana pasada, se dieron a conocer serias irregularidades en el manejo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro: desvío de recursos, usurpación de identidad, robo de datos personales a empresas y becarios, pago de becas a personas fallecidas, retención de las tarjetas bancarias, retención de porcentajes del dinero, registro de amigos y familiares de servidores públicos y de tutores, el uso del programa con fines proselitistas y la ausencia de capacitaciones, entre otras.
Este programa en teoría busca vincular a personas de entre 18 y 29 años de edad que no estudian y no trabajan, con empresas, talleres, instituciones o negocios donde desarrollen o fortalezcan hábitos laborales y competencias técnicas para incrementar sus posibilidades de empleabilidad a futuro, y entrega hasta por un año, 5 mil 258 pesos mensuales, además de un seguro médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.
Sin embargo, la implementación dista de la intención. En las páginas de EL UNIVERSAL, pudimos leer el reportaje de Miriam Ramírez denominado “Exhiben transas en programa para jóvenes de AMLO” resultado de un análisis de 155 quejas ciudadanas turnadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP) obtenidas a través de una solicitud de información, que permitió identificar por lo menos cinco formas de violentar las reglas de operación y obtener beneficios sin cumplir con los requisitos.
Estamos en el cuarto año de gobierno y no existen cambios para fortalecer este programa y evitar estos desvíos, razones por las que solicité desde el Congreso de la Unión exigir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que defina una estrategia al respecto e instale una mesa pública de trabajo con especialistas, organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales y legisladoras y legisladores, para que las Reglas de Operación otorguen transparencia y eficacia en el uso de dichos recursos.
El cambio de régimen tiene un gran discurso a favor de la juventud, pero en los hechos el único camino que ya construyó es el que los obliga a inscribirse en el SAT a partir de los 18 años: los convierte en contribuyentes cautivos sin darles antes posibilidad alguna de estudio y trabajo.
Como decía Eduardo Galeano: “al fin del milenio, el mundo al revés está a la vista: es el mundo tal cual es, con la izquierda a la derecha, el ombligo en la espalda y la cabeza en los pies”.
@AnaLiliaHerrera
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