Vivimos la llegada de la Inteligencia Artificial y nos asombramos, pensábamos que era cosa del futuro, cuando en realidad es ya parte de nuestro presente.
Como parlamentaria, reconozco que vamos tarde en la regulación del conjunto de infraestructuras y prestaciones (plataformas, dispositivos de acceso) asociadas a la provisión de contenidos y servicios a través de Internet, definido por la OIT como Ecosistema Digital.
Las revoluciones tecnológicas significan en el fondo una revolución social, y hoy vemos cómo nuestra cotidianidad ha cambiado con el acelerado desarrollo del internet y todas sus posibilidades.
En su momento, cuando surgieron las telecomunicaciones el mundo se vio en la necesidad de legislar para normarlo, hoy ante la nueva realidad que surge del desarrollo de este ecosistema digital, es necesario y urgente que lo regulemos.
Hoy en día teletrabajamos, la educación en línea se volvió una realidad, la medicina a distancia se abrió paso con la pandemia de COVID-19 e, incluso, parte de nuestra convivencia social se genera a través de las llamadas redes sociales.
Estos cambios traen consigo ciertas problemáticas que en muchos casos no existían y en otros se han adaptado a la nueva dinámica digital, por lo que somos testigos de nuevas acciones u omisiones que podrían constituir una conducta delictiva o dar paso a otras, a través del ecosistema digital.
Los delitos como la violencia digital; el robo de identidad; los fraudes electrónicos; la extorsión digital; el reclutamiento de menores a través de redes sociales y plataformas digitales; la producción de material de abuso sexual infantil en línea; manipulación de materiales visuales, auditivos y audiovisuales; la intervención ilícita de portales, páginas y sistemas de información (hackeo); el robo de información masiva en línea; el espionaje cibernético; los retos riesgosos y mortales que se vuelven virales; entre otros.
Este tipo de fenómenos han ido en aumento: por ejemplo, el consumo de contenido sexual infantil se incrementó debido a la pandemia en un 73% (2020), según información de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, lo que ubica a México en el vergonzoso noveno lugar mundial en el tráfico y almacenamiento de este tipo de contenido.
Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en el caso del delito de trata, un 62% de las víctimas fueron contactadas por vía digital; y en 2023 el robo de identidad creció 218% con el uso de la IA.
Como madre y presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia en la Cámara de Diputados, considero vital legislar desde una perspectiva que priorice y salvaguarde los derechos de la niñez y adolescencia mexicanas y, aunque hemos trabajado en conjunto con diversas organizaciones y especialistas en iniciativas que reconozcan la violencia digital contra nuestros menores de edad y establezcan nuevas nomenclaturas, la realidad exige más que buenos, necesarios y urgentes parches.
Requerimos de una ruta legislativa clara que permita regular de manera efectiva todo el Ecosistema Digital, a partir de promover una reforma Constitucional por la que se reconozca la existencia de este ecosistema, se defina, se describa y se mandate al Congreso la emisión de una nueva ley que lo regule, así como la armonización de todas las leyes que sean necesarias. Es urgente avanzar en esa ruta legislativa, porque ya vamos tarde: el futuro nos rebasó.
