Dijeron que “primero los pobres”, pero ignoraron durante todo el sexenio a los que no votan y que aún no pueden valerse por sí mismos: a las niñas, niños y adolescentes que, en México, tienen una prevalencia de pobreza 8.3 por ciento superior, al nivel de la población en general.
A unos días de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 –el último de esta administración–, UNICEF México en coordinación con las comisiones de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Presupuesto y Cuenta Pública y Educación de la Cámara de Diputados, presentamos el Análisis de la Inversión Pública en Infancia y Adolescencia en México 2012-2024.
El periodo de estudio comienza en 2012, cuando se desarrolló por vez primera el Anexo Transversal 18: “Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes”, en cumplimiento al mandato de la Convención sobre los Derechos del Niño y de las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que obligaron al Estado mexicano a elaborar nueve Anexos Transversales, así como a publicar sus respectivas metodologías, factores, variables y las fórmulas utilizadas en su elaboración.
Los hallazgos de este análisis son un fuerte llamado de atención sobre la deuda que tiene el Estado con la niñez y la adolescencia mexicanas y una sacudida para dejar de aprobar presupuestos inerciales. ¿O de qué sirve tener un apartado en el PEF clasificado por grupo etario (2018) y con una metodología publicada en 2022, si las políticas públicas como las Estancias Infantiles, las Escuelas de Tiempo Completo o el gasto en salud pueden bajar o desaparecer a capricho?
Uno de los mayores retrocesos en este sexenio, está en el sector educativo. Acceder a una educación de “excelencia” como propuso el obradorismo, no es una meta que se agote con la simple cobertura, que por cierto tampoco ha aumentado. El rezago educativo, que se logró reducir a 8% en 2014, se ubicó en 10.2% en 2022, tras la pandemia por Covid 19 y el largo cierre de escuelas; falta medir la eliminación de recursos para capacitar y actualizar al magisterio y el robo de contenidos como matemáticas y lectoescritura en el nuevo modelo educativo.
En salud, México pasó de 2.6% en 2016 del gasto total, al 1.4% en 2023. Claramente, la implementación del ya extinto Insabi, fue desastrosa para la salud de la niñez y la adolescencia, a grado tal que hoy solo uno de cada cuatro menores, tienen completo su esquema básico de vacunación.
Las niñas, niños y adolescentes son el grupo etario al que menos ha beneficiado la política social de este gobierno: de 2012 a 2023, en la población en general la cobertura de protección social pasó de 39% a 56%; sin embargo, en el caso de las y los menores de 17 años, bajó a 0.7% de 2.6 por ciento.
En el periodo de estudio, el Anexo 18 ha sido testigo de recortes al programa de leche Liconsa, y a los recursos del Ramo 33 que se utilizaban para los desayunos escolares de los DIF estatales, que han venido a menos.
Hay muchas faltas más del Estado mexicano, pero este primer ejercicio de análisis, representa la oportunidad de visibilizarlas y atenderlas, empezando por el gobierno federal, que deberá mejorar los mecanismos de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, para facilitar el análisis del PEF y evitar lo que ocurre hoy: recursos sin etiquetar y en una sola bolsa, que solo favorece la discrecionalidad y evita evaluar, corregir y mejorar la inversión en niñez y adolescencia.
Estamos contra reloj, pero las oportunidades están a la vista. Las y los diputados tenemos la oportunidad de defender los recursos para el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes, su futuro se construye hoy.
Diputada federal reelecta por el Distrito 27 del Edo. Méx.
Presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Cámara de Diputados.
