¿Será posible que en México el presidente de la República vuelva a concentrar las “facultades metaconstitucionales” que describió Jorge Carpizo hace dos décadas y que gracias a la pluralidad y a nuestro sistema democrático se habían acotado?
Hace apenas un par de años, el Fondo de Cultura Económica publicó la serie “Constitución 1917”, donde Pedro Salazar Ugarte afirmaba que “el saldo (de las transformaciones del Estado en ese periodo) ha sido un decidido acotamiento del poder presidencial (…) La presidencia actual, en oposición a lo que sigue gravitando en buena parte del imaginario colectivo, es una institución con poderes limitados, controles diversos y atribuciones concurrentes”.
Sin embargo, a juzgar por hechos como la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa o el enfrentamiento del Ejecutivo contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos por su recomendación sobre las estancias infantiles que eliminó pese a estar en el presupuesto aprobado por el Poder Legislativo, están en riesgo la separación de poderes, sus contrapesos y con ello, nuestra democracia.
En El Poder Ejecutivo en la Constitución Mexicana. Del metaconstitucionalismo a la constelación de autonomías, Salazar Ugarte refiere que “la finalidad expresa de articular los poderes y funciones del Estado es garantizar un amplio ámbito de libertad a los gobernados, sobre la base de una premisa fundamental: entre el poder y la libertad existe una relación de proporcionalidad invertida. Si el poder se concentra, la libertad se esfuma”.
En su análisis, el constitucionalista retoma las razones que, en opinión de Jorge Carpizo, permitieron a los presidentes ejercer un poder por encima del otorgado en la Constitución y, peor aún: sobre los poderes Legislativo y Judicial:
En primer término, “el presidente como jefe del partido predominante; la debilidad del Poder Legislativo; la integración, en buena parte, de la Suprema Corte de Justicia; la marcada influencia del presidente en la economía; la fuerte influencia del presidente en la opinión pública a través de los controles que tiene respecto de los medios masivos de comunicación; el gobierno (directo) de la región más importante del país, como es la hoy Ciudad de México, antes Distrito Federal, y un elemento psicológico: ya que en lo general se acepta el papel predominante del Ejecutivo sin que mayormente se le cuestione”.
¿Permitiremos semejante retroceso? ¿La izquierda mexicana se convertirá en aquello que tanto criticó? Actuar es la mejor forma de evitarlo y por ello la transparencia y el acceso a la información, son fundamentales.
El principio de Parlamento Abierto en el Poder Legislativo es clave, pues al tiempo de ser un contrapeso del Ejecutivo, debe enriquecer desde la pluralidad y la diversidad, la construcción de normas, presupuestos y nombramientos en organismos autónomos o en el Poder Judicial.
Falta mucho por hacer: garantizar la participación ciudadana en el proceso legislativo; publicar activamente información online sobre las responsabilidades, tareas y funciones del parlamento, formar alianzas con grupos externos para fortalecer la participación social en el Congreso; brindar información comprensible a través de múltiples canales, para distintos auditorios y en formatos abiertos, así como desarrollar herramientas que permitan la interacción ciudadana, entre otras.
La opacidad en el ejercicio del poder, cualquiera, es caldo de cultivo para la corrupción, los conflictos de interés y el autoritarismo. Atender la crisis de representación que amenaza nuestro sistema democrático, exige procesos abiertos, que transparenten las decisiones de un Congreso que además debe lograr la independencia de organismos autónomos, magistrados y jueces, siempre a favor de nuestras libertades.
Maestra en Derechos Humanos y Garantías. Diputada federal mexiquense
