Lo que empezó como una ocurrencia fiscal ya tiene forma de amenaza: congresistas republicanos en Washington quieren imponer un impuesto del 5% a las remesas que se envían de Estados Unidos al extranjero. Es decir, que cada vez que un migrante mexicano envíe 100 dólares a su familia en Michoacán, Guanajuato o Jalisco (los estados que más remesas reciben), 5 se los quede el Tío Trump.
Es un golpe directo, disfrazadMexo de política recaudatoria, y aunque técnicamente afectaría a todos los países, nadie duda de a quién está dirigido el mensaje.
En 2024, México recibió 64 mil 700 millones de dólares en remesas; el 97% vino de Estados Unidos y representaron el 3.5% del PIB nacional.
Es decir, si la iniciativa se aprueba, serían más de 3 mil 200 millones de dólares los que el fisco estadounidense le retendría a las familias que viven de esos envíos.
Las remesas no son un lujo ni un excedente, son el sustento.
En Chiapas equivalen al 16% del PIB estatal. En Guerrero, al 14%. En Michoacán y Zacatecas, al 11%. En zonas donde no hay refinería ni nearshoring, hay remesas.
La presidenta Sheinbaum salió al frente y calificó de inconstitucional e injusto el proyecto legislativo republicano. Dijo que el dinero ya pagó impuestos en Estados Unidos y que imponerle otro impuesto es discriminatorio y violaría los tratados y principios para evitar la doble tributación. Pero no se quedó en el diagnóstico. Advirtió qué, si la propuesta avanza, su gobierno se va a “movilizar”. No aclaró si con pancartas o con diplomáticos, pero dejó claro que no piensa quedarse cruzada de brazos.
Ayer, en la mañanera, Edgar Amador, secretario de Hacienda, advirtió que el impuesto a las remesas violaría el Tratado para Evitar la Doble Tributación, que prohíbe cobrar a los extranjeros impuestos más altos que a los ciudadanos del país. El canciller De la Fuente informó que, por instrucción de la presidenta, se envió una carta con argumentos jurídicos y económicos contra la propuesta republicana. Esteban Moctezuma ya gestiona reuniones con legisladores para frenarla antes de que avance en el Congreso.
En nuestro Senado, la alarma también sonó. El presidente de la JUCOPO, Adán Augusto López, propuso enviar una comisión legislativa a Washington para “levantar la voz” ante el Congreso estadounidense.
El discurso de rechazo fue sorprendentemente respaldado por todas las bancadas. Una rara unidad que quizás aparece porque hay 65 mil millones de dólares en juego. Pero ahí está el detalle.
En diciembre pasado, cuando la oposición propuso una reunión interparlamentaria con legisladores de Estados Unidos para hablar de migración y aranceles, Adán Augusto López se burló. Dijo que eso solo serviría para ir “a comer a algún buen restaurante en Washington” y lo llamó turismo legislativo.
Pero ahora que hay dinero de por medio —y una instrucción desde Palacio Nacional— cambió de opinión. ¿O será que ya reservó en algún buen restaurante de D.C. o que le dieron ganas de viajar después de ver a Noroña en primera clase rumbo a Francia?
Esta vez no se trata sólo de narrativa, se trata de miles de millones que sostienen casas, salud, comida, educación. Dinero que ya fue trabajado, ya fue cobrado y ya fue gravado.
Trump pretende cobrarle derecho de piso a los paisanos. Y si no se alza la voz, a tiempo y con firmeza, lo va a lograr.
Porque cuando se meten con el migrante, parecería que no es solo el dinero lo que buscan: sino mandar el mensaje de siempre: que el que se fue para allá no pertenece. Que el que manda dinero no merece ganárselo. Que el que no vota, no cuenta.
Y ese impuesto, como bien recordarán los “americanos”, no se paga. Se pelea.