El jueves pasado, como se preveía, un grupo de violentos, el llamado “bloque negro”, se infiltró en la marcha conmemorativa del 2 de octubre (unos trescientos anarcos) para hacer lo que acostumbran: asaltaron negocios, robaron joyerías y lesionaron a policías, periodistas y particulares ante la inacción de quienes se supone está preparados para enfrentar tumultos. Los monumentos más emblemáticos de la capital de la República pintarrajeados y dañados, los comercios y hoteles en las laterales de la avenida Reforma vandalizados; se reportaron 94 policías heridos y más de 20 civiles lesionados.
Los argumentos de la autoridad para no actuar son inaceptables, sobre todo si se recuerda que la presencia de estos núcleos anarquistas se ha dado repetidas veces para dañar el patrimonio cultural de la ciudad: unos meses atrás estudiantes de vocacionales asaltaron la oficina del director general del Politécnico; normalistas impusieron un bloqueo en el cruce de dos de las arterias más importantes de la capital: Reforma e Insurgentes; la marcha contra la gentrificación causó destrozos en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y en la librería Julio Torri... La impunidad ha incentivado esas conductas delictivas.
El hecho de ir encapuchados dificulta, pero no impide su identificación, son muchos los instrumentos de que disponen las agencias de inteligencia civil y militar para saber quién es quién, dónde viven, dónde se reúnen, quiénes los financian, cuándo se infiltrarán en las movilizaciones pero, además, el gobierno de la Ciudad tiene el mayor número de policías de cualquier entidad federativa, tiene equipo especial antimotines, armas no letales que disparan proyectiles con sustancias incapacitantes… La pregunta es ¿por qué los toleran?
Corresponde al gobierno la responsabilidad de preservar el orden y la paz pública y preservar la integridad física y el patrimonio de las personas, a esa responsabilidad está fallando el gobierno de la Ciudad.
La parálisis de las fuerzas policiales nada tienen que ver el supuesto ejercicio de derechos de expresión y de manifestación, como explica Pablo Vázquez Camacho, secretario de seguridad, porque esos derechos tienen claros límites constitucionales. Pero la responsabilidad mayor de lo ocurrido el 2 de octubre recae en la autoridad política, la que ordena resistir estoicamente “para no caer en provocaciones”.
Hay una palabra que contribuye a explicar la parálisis del gobierno frente a los desmanes con supuestas banderas sociales y que le impone un miedo paralizante al gobierno: que lo llamen “represor”. A las autoridades de la Ciudad de México los detiene el riesgo de escalar un conflicto y, muy importante, imaginar el costo político que pagarían ante el uso excesivo de la fuerza; lo lamentable es que no entiendan que hay una salida intermedia entre el no hacer nada o reprimir y es la utilización de las capacidades disuasivas.
En la Ciudad de México impera, de cierta manera, la consigna: “abrazos, no balazos”: la inacción ante la violencia de los anarquistas.
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario. @alfonsozarate
