En distintos momentos, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador calificó al gobierno de Felipe Calderón como un Narco-Estado: “Porque estaba tomado el gobierno”, explicó. “Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia. Mandaba la delincuencia.” Este juicio lapidario ha sido repetido por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El proceso contra Genaro García Luna y la sentencia a más de 38 años de prisión en una corte de Nueva York sustentaba esos juicios terminantes. Poco importó al juez que las principales acusaciones provinieran de criminales, algunos de ellos aprehendidos por el propio García Luna.
Pero mientras Felipe Calderón ordenó combatir a los cárteles, todo el mandato de López Obrador se caracterizó por una estrategia de indulgencia, pasividad o complicidad. La orden presidencial de no confrontarlos se tradujo en una renuncia al Estado de Derecho y llevó al empoderamiento de las organizaciones criminales, que fueron ganando más y más territorios al grado de que el entonces comandante del Comando Norte, general Glen VanHerck, llegó a declarar que controlaban entre el 30 y el 35% del territorio mexicano.
Los episodios que muestran la penetración de los criminales en los gobiernos municipales y estatales son innumerables, baste mencionar el caso de Anavel Ávila Castrejón, alcaldesa de Coalcomán, en Michoacán, rindiendo un homenaje a Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los criminales emboscaban a los militares, los asesinaban cobardemente, ante el inexplicable pasmo del poder público.
Pero quizás el caso más evidente de colusión se dio durante las elecciones de 2021 en Sinaloa, donde el Cártel del Pacífico operó a favor de Morena. Unos días antes de la jornada electoral “levantaron” a decenas de operadores del PRI, bajaron candidatos a punta de pistola y el mismo día de la elección asaltaron casillas, robaron urnas e intimidaron a los funcionarios electorales; nadie denunció, se impuso el miedo. En ese proceso, Américo Villarreal, actual gobernador de Tamaulipas y entonces delegado especial de Morena fue clave para el triunfo de Rubén Rocha Moya. ¿Fue él quien pactó con los criminales?, ¿o Mario Delgado, presidente nacional de Morena, o su jefe en Palacio Nacional?
¿Cómo se puede calificar a un régimen en el que su partido pactó con los delincuentes para apoderarse de los poderes institucionales de un estado?, ¿en el que presidentes municipales y gobernadores están al servicio de los jefes de plaza?, ¿en el que el titular del Ejecutivo ordena a las fuerzas públicas rendir las plazas, como lo hicieron en Chilpancingo?, ¿en el que las redes políticas de protección permanecen intocadas?
Hoy, con Omar García Harfuch, la nueva estrategia de seguridad parece distanciarse de la precedente, sin embargo las señales políticas son contradictorias: Andrés Manuel López Beltrán, El Elegido, acude a Culiacán a entregar su nueva credencial de militante al indefendible Rubén Rocha. ¿Cómo negar la dura acusación de la Casa Blanca sobre “la intolerable alianza de los carteles con el gobierno mexicano”?
@alfonsozarate
