Suman 22 mil, su lealtad a la 4T es ciega, se despliegan por todo el país, disponen de información sobre los beneficiarios de los programas sociales del gobierno y constituyen el ejército civil del presidente. Su nombre oficial es “servidores de la nación” y su tarea esencial es la de esparcir los recursos de los “programas de bienestar”: las pensiones a los viejos, a los discapacitados pobres y a los jóvenes. Pero tienen otra misión apenas disimulada: enaltecer la imagen del presidente de la República y levantar un censo con los datos indispensables para la operación electoral.
Un gobierno austero, que castiga en sus ingresos a los médicos recién egresados, es generoso con los suyos: los coordinadores regionales ganan 73 mil 507 pesos brutos y los “servidores” 8,482.00 pesos mensuales.
En agosto del 2019 el INE emitió un acuerdo que les prohibió usar la imagen y el nombre del presidente en su indumentaria y accesorios durante el levantamiento de censos o la entrega de beneficios de programas sociales (chalecos, gorras, mochilas, gafetes y cualquier otro). Su coordinador, Gabriel García Hernández, uno de los hombres más cercanos al presidente, es el titular de la Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo.
El Censo del Bienestar, que encuestó a 32 millones de viviendas, contiene valiosa información para propósitos político-electorales: beneficiarios y solicitantes de apoyos de los programas sociales con su clave de elector, número de celular y el nombre de la institución en donde estudian o trabajan.
Pero su papel político-electoral va más allá. Las brigadas de vacunación se integran por doce miembros: cuatro promotores sociales, dos miembros del sector salud (médicos o enfermeros capacitados para aplicar la vacuna), cuatro elementos de las fuerzas armadas y dos voluntarios. El argumento de Olga Sánchez Cordero para justificar la participación de los “servidores de la nación” es que son ellos quienes conocen donde se encuentran los adultos mayores y las rutas para llegar a sus domicilios, además, serán ellos quienes comunicarán a los mayores de 60 años fecha y lugar para su vacunación.
La vacunación sin hoja de ruta, sin objetivos, metas, criterios de selección ni los recursos disponibles, como proponen Julio Frenk y Octavio Gómez Dantés, no es un plan y la estrategia que ignora al Consejo Nacional de Vacunación y desestima la contribución del sector farmacéutico y de las instituciones de salud de los estados y del sector privado, muestra a un gobierno abusivo y torpe, mientras tanto, México ocupa el tercer lugar en letalidad por Covid-19.
En estos días, hay delincuentes de baja estofa que están lucrando con los tanques de oxígeno o con supuestas vacunas. No son los únicos. Lucrar con la pandemia, convertir a la vacunación en parte de una estrategia electoral, es despreciable, ruin.
Los “vividores de la nación” no son quienes deciden la integración de las brigadas, al fin trabajadores, sino los de arriba, los que convierten una tarea noble en un ejercicio con réditos electorales.
