Fiel a su trayectoria, Ricardo Monreal recoge los dichos de la presidenta Sheinbaum: su nacionalismo ramplón, su defensa de una soberanía a modo y su agobio ante la presión del gobierno estadounidense, que exige la entrega de narcopolíticos, y para ello presenta una iniciativa tramposa que la Presidenta ve con buenos ojos y que se usará si hace falta, como una especie de seguro de vida.
¡La patria está en peligro! Si el viejo polkismo arrebataba territorios, advierte Monreal, el neopolkismo intenta apropiarse de la conciencia ciudadana, y lo hace “a través de plataformas digitales, en campañas negras, en financiamientos opacos, en granjas de bots, en presiones internacionales diseñadas para moldear la percepción pública”. Y el patriota zacatecano presenta una iniciativa de reforma constitucional para agregar a las causas de nulidad establecidas en el artículo 41, fracción VI de la Constitución (exceso de gasto de campaña, compra de cobertura informativa en radio y televisión y uso de recursos públicos de procedencia ilícita) una nueva causal: “cuando se acredite la intervención extranjera en los procesos democráticos mexicanos.”
Los casos de Bolivia (en 2019) y Argentina (en 2023), afirma Monreal, evidenciaron la manera en que “ciertas declaraciones, organismos internacionales o gobiernos extranjeros pueden alterar la percepción del electorado y generar crisis políticas profundas”. En el texto de la iniciativa propone la nulidad cuando esa intervención tenga “la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”.
La clase gobernante está en alerta; las elecciones de 2027 podrían mostrar un vuelco que llevara a Morena a perder la mayoría calificada y después de la solicitud del gobierno americano de detener a diez funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, pueden seguir nuevas exigencias y más graves acusaciones que descompongan todo.
Una declaración imprudente del imprudente presidente Trump; un reportaje en primera plana del Washington Post o de The New York Times sobre la corrupción desbordada en el gobierno mexicano o la filtración de un expediente judicial que incrimine a políticos de alta gama de la Cuarta Transformación, podrían tener serias consecuencias electorales.
La clase gobernante ha perdido toda decencia, esta iniciativa muestra que no está dispuesta a aceptar un resultado adverso, algo similar al “fraude patriótico” de 1986 con el que justificaron robarle el triunfo a Pancho Barrio en Chihuahua.
¿Se calificará como intervención extranjera la filtración de expedientes criminales de algún miembro del gabinete? ¿La divulgación de declaraciones de testigos colaboradores que confiesen su financiamiento a campañas de Morena? ¿O las brigadas de médicos cubanos en el país?
Para explicar su abstención, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero advirtió: “estamos frente a una norma abierta que no establece con precisión su contenido y alcance y como juzgadora puedo decirles que se puede rellenar con cualquier cantidad de supuestos normativos”.
Por lo pronto ya está instalado el tinglado que tendrá la atribución de calificar las “intervenciones extranjeras“: un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación manipulado por la banda de los tres.
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