Alejandro Moreno Cárdenas, apodado Alito —un personaje procaz con una cola muy larga— ha vuelto a ser Amlito, esta vez usó a la diputada Yolanda de la Torre (y más tarde a otra legisladora: Cristina Ruiz Sandoval) para hacer el trabajo sucio y, como en la fábula del alacrán y la rana, podrá justificarse diciendo: “No pude evitarlo, está en mi naturaleza”.

La moratoria en materia constitucional constituía un preámbulo para una coalición legislativa y electoral hacia 2023 y 2024; al torpedear al “bloque de contención”, Moreno Cárdenas adoptó el papel de fontanero.

No es un asunto menor. Todos los estudios demoscópicos dicen que separados, PAN, PRI y PRD no tienen oportunidad alguna de ganar la gobernatura del Estado de México ni la Presidencia de la República, lo que intenta Alito es garantizar la continuación de un proyecto depredador. Lo doblaron “a punta de videos y de audios”, dice Mario Maldonado. ¿A cambio de qué? ¿De impunidad?, ¿de que no transite el desafuero y se archiven las investigaciones sobre distintos delitos?

Detrás de la decisión de trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y de reformar un artículo transitorio de la Constitución para extender hasta 2024 la participación de los militares en quehaceres propios de instituciones civiles, está la enorme deuda de este y otros gobiernos con la sociedad: el abandono en que se mantienen las corporaciones policiales estatales y municipales mientras la delincuencia extorsiona, secuestra, tortura y asesina.

¿Por qué no habido un esfuerzo serio para profesionalizar y dignificar a esas corporaciones, que tendrían que ser la primera línea en la defensa de la población? ¿Solo miopía o para tener una fuerza militar que blinde sus proyectos, cualesquiera que estos sean?

El traslado de la Guardia Nacional a la Sedena no evitará el avance de la mancha delincuencial. No es por ahí. La única salida es un esfuerzo sistémico que atienda todos los estamentos institucionales: las corporaciones policiales, los ministerios públicos, jueces y magistrados y el sistema carcelario.

¿Qué lleva a pensar al Presidente que los soldados son incorruptibles y que la Secretaría de la Defensa es El castillo de la pureza? La sociedad reconoce el auxilio y la entrega generosa de los soldados en casos de desastres, pero eso no oculta que desde el golpe de Estado que culminó con el homicidio del presidente Venustiano Carranza, pasando por los asesinatos de los generales Francisco Serrano y Arnulfo R. Gómez, la masacre del 2 de octubre, la guerra sucia, la colusión con el narco y la noche de Iguala, son muchos los episodios en donde altos mandos militares han ordenado y ejecutado decisiones que manchan el honor militar.

López Obrador dice que él nunca ordenará a los militares que repriman al pueblo, pero qué garantiza que, en el futuro, otro presidente le ordene al ejército y a la armada, como en el pasado, que repriman los movimientos sociales. En un momento de definiciones, ¿a quién responderán los militares, a su jefe, comandante supremo, o a la Constitución?

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Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario
@alfonsozarate

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