Junto con el secuestro, la extorsión es uno de los delitos que más lacera a los ciudadanos. Para hacerse creíble, la intimidación suele estar acompañada de violencia extrema: desde la que ma de instalaciones hasta el asesinato de quienes se niegan a pagarlas; es, además, un delito que no reconoce clases sociales, lo mismo afecta a grandes empresarios que a modestos dueños de una tortillería o a locatarios de un mercado.
El domingo pasado fue asesinado el empresario vitivinícola Ricardo Vega Cámara, su crimen sacude e indigna, pero se da ante el silencio cobarde de los organismos empresariales, empezando por el CCE, encabezado por Francisco Cervantes, que lejos de exigir que las autoridades pongan un alto a las extorsiones, están muy preocupados por acomodarse para no afectar sus negocios con el gobierno (con la 4T han multiplicado sus ganancias).
Pero más allá de la notoriedad del empresario Vega Cámara, están muchos otros homicidios a manos de extorsionadores. El 28 de octubre de 2023 fue asesinado por negarse a pagar la extorsión, Jesús Santiago Barrera, fundador de Barbacoa Santiago: empezó en 1982 vendiendo barbacoa a pie de carretera y la convirtió en una verdadera institución dentro de la industria restaurantera; transcurridos trece meses el crimen sigue impune.
El 30 de julio pasado fue asesinado en Matamoros el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas, Julio César Almanza, unas horas después de haber denunciado las extorsiones que sufren los comerciantes.
Hace unos años, los comerciantes de la costera de Acapulco llamaban a las autoridades a suspender el cobro de impuestos porque no podían pagar al mismo tiempo a los extorsionadores y al gobierno, y qué decir de los productores y exportadores de limón y aguacate en Michoacán que son víctimas de los criminales ante la inacción de las autoridades.
El Centro Histórico ha sido desde hace décadas uno de los espacios más lastimados por el cobro de piso. Es muy probable que detrás de los sospechosos incendios en algunos mercados públicos de la ciudad de México esté la mano del crimen.
Lo anterior confirma el sinsentido de haber iniciado “una transformación profunda” al Poder Judicial, sin haber antes emprender la depuración de las corporaciones policiales y las fiscalías.
En el Congreso de la Ciudad de México se acaba de aprobar un dictamen que endurece las penas contra el delito de extorsión con 15 agravantes, entre ellas, los montachoques y la amenaza de difundir vídeos o fotografías con contenido sexual. El delito se castigará con una pena de 10 a 15 años de prisión y si se comete con agravantes aumentará al doble, hasta 30 años de cárcel.
Endurecer las penas es un paso importante, pero será inútil en la medida en que persista la impunidad que involucra primeramente a las policías y a las fiscalías y después a los juzgadores.
@alfonsozarate
