Yo creo que, cuando muera, el padre Alejandro Solalinde se irá al infierno. El director del albergue “Hermanos en el camino”, conocido por su activismo en favor de los migrantes, no pudo resistir las tentaciones que acompañan a quienes se acercan demasiado al poder; cambió indignación por resignación y algo peor: por ambición y, así, un gobierno que aceptó poner a la Guardia Nacional y al Ejército al servicio del gobierno profundamente antimexicano de Donald Trump, ha encontrado en Solalinde a un aliado, un devoto y un cómplice.
Y ya reconvertido en rock star, en una entrevista con EL UNIVERSAL, Solalinde “destapa” a Claudia: “Yo quiero, sueño y anhelo que una mujer como Claudia Sheinbaum nos gobierne”.
La tragedia migrante de Ciudad Juárez exhibe lo que implica asignar responsabilidades a partir de la incondicionalidad y la militancia, así ocurrió con Francisco Garduño, cuya trayectoria profesional era carcelaria.
La tragedia muestra de manera brutal la política migratoria de este gobierno, la contradicción entre el discurso inicial de brazos abiertos y la realidad de hostigamiento y persecución. Pero, además, hay que subrayar que las condiciones prevalecientes en ese centro se replican en muchos otros y forman parte de un enfoque sistémico, lo que reclamaría mirar más arriba. Garduño solo aportó su experiencia en la instrumentación de una inhumana política de Estado.
En la operación del Instituto Nacional de Migración (INM) —como en la mayoría de las dependencias del gobierno— prevalece una opacidad resguardada con el ardid de la seguridad nacional, una discrecionalidad que encubre pingües negocios al amparo del poder: contratos y concesiones a los amigos o a empresas “fantasma”. Las imágenes de la manera en que los migrantes son perseguidos e, incluso golpeados por los agentes migratorios son rutinarias y exhiben la verdadera catadura del “humanismo mexicano”.
En su visita a Ciudad Juárez, el presidente López Obrador fue increpado por activistas y migrantes; el manido coro de sus adeptos: “¡Es un honor, estar con Obrador!” no pudo acallar los gritos de “¡Justicia!” y “¡Gobierno asesino!”
La decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de proceder penalmente contra Francisco Garduño, titular del INM, Salvador González Guerrero, contraalmirante delegado de INM en Chihuahua, y Antonio Molina, director de Control y verificación migratoria, es un paso importante, aunque apenas el primero para impedir que las responsabilidades de esa tragedia se agoten en personal de base. Lo que se puede anticipar, sin embargo, es que si no se complementa la acusación por el uso indebido del servicio público, no llevará al carcelero a pisar la cárcel.
Pero más allá de la remoción de Garduño, lo que verdaderamente importa es dar un quiebre drástico a la política migratoria que no se agote en el cambio de nombre para crear la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería que, según reconoce el propio Solalinde, coordinaría él mismo desde la sombra. Sí, por el padrecito que dice que Andrés Manuel ha sido el mejor presidente de la historia y que descubre en López Obrador rasgos de santidad.