En arca abierta hasta el más justo peca.
Hace un siglo, concluida la lucha de facciones, el país empezó, con tropezones, a caminar hacia la institucionalización. Uno de los obstáculos mayores residía en la conducta atrabiliaria y corrupta de esos jefes militares que creían que la revolución se había hecho para su beneficio.
Pacificar al país, cancelar los ánimos levantiscos de los generales y someter a la ley a los caciques regionales, exigió de una mixtura de ingredientes. Álvaro Obregón, que conocía muy bien a sus cofrades, dejó esta frase memorable: “No hay general que resista un cañonazo de 50 mil pesos”, y con el cinismo que lo caracterizaba le confió al periodista español Vicente Blasco Ibáñez, la razón por la que el pueblo lo quería: “Es que los mexicanos asumen que todos los presidentes robamos, pero yo solo tengo un brazo.”
La reforma militar que en la década de los veinte del siglo pasado emprendió el general Joaquín Amaro incluyó, entre otras medidas, la alfabetización de la tropa, la rotación de mandos, la puesta al día de la legislación militar heredada del porfiriato y la creación de escuelas militares.
En 1929 —justo al tiempo que nacía el PNR— se produjo la rebelión escobarista que sería el último desafío serio a la estabilidad política del régimen. La revuelta fue sofocada; fueron eliminados nueve generales de división, ocho de brigada y treinta brigadieres.
El proceso para sacar a los militares de la política ha sido lento. Lázaro Cárdenas dispuso que el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), que sustituyó al Partido Nacional Revolucionario (PNR), se integrara por cuatro sectores: obrero, campesino, popular y militar. Los uniformados ya no prevalecían en el partido oficial, eran solo uno de los cuatro sectores.
Ávila Camacho fue más allá al sustituir al PNR por el PRI: desapareció al sector militar, sus miembros participarían en política dentro del sector popular. Todavía en el gobierno de Miguel de la Madrid, el Ejército disponía de su cuota de gubernaturas. En Chiapas y en Yucatán gobernaban los generales Absalón Castellanos y Graciliano Alpuche Pinzón.
Pero el presidente López Obrador, negando las lecciones de la historia, ha impuesto al país un retroceso aventurado devolviéndole a los generales mucho del poder y de los negocios de los que gozaron hace justo cien años; los ha dejado con el cofre repleto de dinero y sin candado.
En ese contexto se inscriben los viajes del general secretario y su familia a destinos de lujo en clase VIP y con recursos públicos, a los que ahora se suma el descubrimiento de un ostentoso departamento (407 m² en un conjunto que cuenta con casa club, alberca techada, gimnasio y otras amenidades), adquirido a una tercera parte de su valor real a una proveedora de la Secretaría de la Defensa Nacional; esto muestra lo que vale para los de mero arriba el discurso anticorrupción y de austeridad republicana.
Y mientras tanto, los chayoteros de hoy y los nuevos intelectuales orgánicos que vociferaban ante los excesos de “la mafia del poder”, callan como momias.
