El 15 de noviembre se realizó una marcha en la Ciudad de México que fue convocada por el movimiento denominado “Generación Z México”. Lo que me llamó la atención del comunicado es que expresamente pidieron que no participaran los partidos políticos, además de que señalaron: “Somos la generación a la que llamaron ‘desinteresada’, pero que ha decidido organizarse, alzar la voz y actuar (...) Queremos un México donde la justicia no sea un privilegio, donde la seguridad no dependa de la suerte y donde el futuro no esté en manos de los mismos de siempre”.
Los académicos Carlos Soriano Cienfuegos y Karolina M. Gilas escribieron en su obra intitulada Partidos Políticos lo siguiente: “En el marco del desarrollo democrático, los partidos políticos aparecen como una consecuencia natural de la modernización social y de las necesidades funcionales del sistema político. La expansión territorial de los Estados y la masificación de las sociedades crean la necesidad de un mediador entre los ciudadanos y el gobierno, que permite la expresión de exigencias de los primeros para que sean realizadas por el segundo”. Sin embargo, es una realidad que los partidos políticos no fueron los mediadores entre las demandas que hicieron quienes se manifestaron en el Zócalo de la capital del país y el Gobierno Federal. Por ello, me parece que los partidos políticos no están cumpliendo la función constitucional que les fue encomendada.
El artículo 41 constitucional establece que estos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática y, por tanto, tendrían que ser los intermediarios naturales entre la ciudadanía y los gobernantes. Desde luego, son reprobables los actos de violencia que se suscitaron entre algunos manifestantes y la policía el pasado sábado; ahora se llevan a cabo las investigaciones y los procesos penales que resultaron de la comisión de varios delitos. Pero esa situación no hubiera sucedido si los partidos políticos cumplieran su función.
Durante el año que transcurre, el Instituto Nacional Electoral garantizó recursos públicos a cada uno de los partidos políticos para sus “actividades ordinarias” (promover la participación del pueblo en la vida democrática), que suman en total 7 mil millones de pesos. Esto es lo que nos cuesta a los mexicanos cada año mantener a la clase política que ha sido desacreditada por actos de corrupción, abusos de poder y poca transparencia en el gasto de ese recurso público. Esto hace que nuestra democracia sea una de las más onerosas del mundo y, a pesar de ello, no se han cumplido las expectativas, los mexicanos no hemos consolidado una cultura de participación democrática, se convoca a una manifestación pacífica y termina en actos de violencia.
En cada una de las elecciones que se celebran en nuestro país se destaca el gran porcentaje de abstencionismo: ciudadanos mexicanos que no cumplieron con la obligación constitucional que les impone el artículo 36, votar en las elecciones, y que al mismo tiempo renunciaron a su derecho previsto en el artículo 35 constitucional de votar en las elecciones populares, ejercer su poder soberano de nombrar a un representante para establecer el gobierno, ya sea municipal, estatal o federal. Con relación a esto, no solo la generación Z ha sido desinteresada, son los más de 40 millones de mexicanos que no salen a votar y somos casi 100 millones de mexicanos los que estamos inscritos en el padrón electoral. ¿Será posible que algún día la gran mayoría salgamos a participar en una elección con libertad para ejercer nuestro derecho de forma responsable? ¿Tienen futuro los partidos políticos en México? ¿Conseguiremos algún día reducir el financiamiento de los partidos políticos? Usted qué opina.