Quedan prácticamente ocho meses para que termine la administración del presidente López Obrador y es evidente que su estrategia de seguridad no funcionó. La comisión de delitos es una constante a lo largo y ancho del territorio, aunque debe hacerse una aclaración: la mayoría de los delitos que se cometen en México no son competencia de la Federación. La seguridad pública es una función del Estado que incluye a entidades federativas y municipios, por lo que la responsabilidad de salvaguardar la vida, libertades, integridad, patrimonio de las personas, preservación del orden público y paz social, también corresponde a los gobernadores y presidentes municipales. Esto ilustra lo complejo del problema, pues en tiempos electorales es fácil acusar a uno u otro partido de que sus candidatos no resolvieron el problema de la delincuencia organizada o cotidiana. Sin embargo, la responsabilidad es conjunta y nunca se podrá lograr un buen resultado de no existir una coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
El Inegi elabora un estudio cada año que registra los eventos de victimización delictiva reportados por entidad federativa. Por ejemplo, en el 2022 Yucatán resultó el estado más seguro del país. Habría que estudiar su estrategia de seguridad y, en específico, sus buenas prácticas en la coordinación con el gobierno federal y sus diversos presidentes municipales. Pero su éxito es relativo, porque no tiene la situación geográfica de Tamaulipas, ni los problemas migratorios de Chiapas. El fenómeno de la criminalidad es complejo y no existe una sola formula para combatirlo pero, insisto, la única posibilidad de hacer un buen trabajo es a través de la coordinación entre el gobierno federal, estatal y municipal.
Ahora que inician las campañas electorales, a quienes pretenden ser responsables, entre otras materias, de la seguridad pública, los ciudadanos debemos exigirles no más descalificaciones, sino compromisos de coordinación con independencia de los partidos que resulten triunfadores.
Lo que sí es imputable al Ejecutivo Federal es su apuesta por la Guardia Nacional. En esta administración se desapareció a la Policía Federal y se reformó el artículo 21 constitucional el 26 de marzo del 2019. Me parece que después de cinco años es viable hacer una reflexión sobre la conveniencia de esa nueva institución que, según su propia ley, debe realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y, en su caso, conforme a los convenios que para tal efecto se celebren, además de colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios.
Esto significa que tiene competencia nacional y puede intervenir en todo el territorio. Entonces, ¿ha sido exitosa la Guardia Nacional en materia de seguridad pública? ¿Cuáles han sido sus principales logros desde su creación? ¿El próximo gobierno debe fortalecerla o desaparecerla?
En mi opinión es importante que la Guardia Nacional dé a conocer sus resultados en materia de prevención y de investigación de delitos. Necesitamos datos sobre su funcionamiento con la finalidad de contribuir al mejoramiento de su función. Lo que es un hecho es que tiene facultades para enfrentar y combatir el fenómeno criminal que azota a la sociedad mexicana, ya que el artículo 24 de la Ley de la Guardia Nacional establece que será competente para conocer de delitos federales. Sin embargo, en coadyuvancia, podrá conocer de delitos del fuero común, previo convenio con las autoridades de las entidades federativas o municipales. Al no tener límites su facultad en la investigación de los delitos, este puede ser el poderoso instrumento de coordinación que tanta falta nos hace: una policía nacional especializada en la investigación de los delitos.
