La semana pasada se publicó en este diario un artículo del magistrado Felipe de la Mata intitulado “Separar para fortalecer: razones para no empatar las elecciones judiciales con las políticas”. Me parece un tema conveniente para volver a comentar. En el 2027 serán concurrentes las elecciones judiciales y la elecciones federales, y aunque coincido con algunas de las opiniones que sostiene en su colaboración, pienso que la conclusión debe ser la modificación del transitorio de la reforma constitucional para postergar la elección de los jueces al 2029.
Además de los problemas apuntados por el magistrado, existe una mas poderosa: la crisis de la impartición de justicia en México. A pocas semanas de que los jueces y magistrados que resultaron electos asumieron funciones, se han documentado diversos errores que denotan notoria ineptitud para impartir justicia, ya sea al desconocer conceptos básicos del derecho que les corresponde interpretar y aplicar, confundir el procedimiento abreviado con una suspensión condicional del proceso, desconocer las particularidades de los requisitos para conceder una suspensión provisional respecto de la suspensión definitiva o fundar una resolución en una jurisprudencia no aplicable. Estos son sólo algunos de los casos que se han viralizado en las redes sociales. Los cargos de juez de Distrito o magistrado de Circuito no admiten curva de aprendizaje; están en juego la libertad, el patrimonio, la dignidad, la libertad de expresión o la custodia de los hijos, por mencionar algunos intereses que los juzgadores están obligados a proteger.
Ahora que se debate la reforma electoral que pretende impulsar la Presidenta de México, es oportuno garantizar la separación de las elecciones judiciales de las políticas. El artículo 96, penúltimo párrafo, de nuestra Constitución establece: “Para todos los cargos de elección dentro del Poder Judicial de la Federación estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar candidatas y candidatos. Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna”. Por el contrario, las elecciones para renovar la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo de 17 entidades federativas, entre otros cargos de elección popular, son operadas por los partidos políticos y existe financiamiento público. Se trata de reglas diferentes y juntarlas dificultará a las autoridades electorales determinar en qué casos indebidamente los partidos políticos intervinieron en el proceso de la elección de los jueces, cuando está expresamente prohibido en la Constitución.
En las pasadas elecciones judiciales se denunciaron esas prácticas y la autoridad electoral fue ineficaz para acreditar quién decidió los nombres que aparecieron en los “acordeones”, quién aportó los recursos para su elaboración, además de que nunca se demostró quién los imprimió y distribuyó. Todo eso sucedió a nivel nacional y no obtuvimos ninguna de esas respuestas.
Desaparecer la experiencia de los juzgadores de carrera judicial en el 2027 podría ser catastrófico. Hacerlo escalonado y paulatino haría que los juzgadores electos sin experiencia judicial consoliden su posición, convivan y aporten un mejor debate con los juzgadores experimentados, todo en beneficio de la sociedad. Al ser cuestionado el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, inteligentemente respondió que está abierta la posibilidad de diferir la elección judicial de 2027. Espero no sea sólo una declaración política y exista la grandeza de los vencedores que, como dijo William Safire, nadie es más grande que aquellos dispuestos a ser corregidos.
