Comenzó la estrategia de los abogados de Ismael El Mayo Zambada, al presentar una carta al gobierno de México solicitando su repatriación. En esencia, sus defensores citan el precedente de Humberto Álvarez Machain, médico quien fue liberado después de que la Corte Federal del Distrito de Los Ángeles consideró que fue secuestrado en territorio mexicano presuntamente por agentes de la Drug Enforcement Agency (DEA) y trasladado en un vuelo privado a El Paso, Texas. Allí fue aprehendido y procesado penalmente por haber participado en la tortura y asesinato del agente encubierto Enrique Kiki Camarena en 1985, quien realizaba labores de investigación en terreno contra el llamado Cártel de Guadalajara.
El objetivo de la defensa es claro: repetir el precedente y anular el juicio del Mayo Zambada en Estados Unidos para evitar la posibilidad de que le apliquen la pena de muerte.
Sin embargo, hay al menos dos diferencias que deben señalarse. En el caso de Álvarez Machain, los delitos fueron cometidos en México (tortura y homicidio). En cambio, los que se le atribuyen al Mayo Zambada se cometieron también en Estados Unidos (narcotráfico). Por otra parte, en el primer caso se ejecutó en México una orden de aprehensión expedida por un juez estadounidense presuntamente por órdenes de una agencia del Ejecutivo Federal de aquel país (la DEA). Por otro lado, en el caso del Mayo fue un particular el que supuestamente lo trasladó sin su consentimiento a los Estados Unidos.
La información difundida por los medios comunicación fue que, el 25 de julio de 2024, una avioneta blanca piloteada por un civil aterrizó en el aeropuerto de Santa Teresa, en la frontera entre Estados Unidos y México. De dicha aeronave bajaron Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada, lo cual permitió su captura por agentes de la DEA. Según declaraciones del ex mbajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, la versión oficial de Washington es que no hubo ninguna operación extraterritorial en violación a la soberanía de México.
Los abogados del Mayo Zambada accedieron a que fuese trasladado a Nueva York, donde el acusado se declaró inocente ante la corte de Brooklyn. No obstante, fue acusado de 17 cargos por delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero y narcotráfico. Bajo este escenario, el juez Brian Cogan reconoció que la Fiscalía de Estados Unidos podía solicitar que se le aplicara la pena de muerte.
Todavía es muy pronto para saber qué resolverán los tribunales estadounidenses. Al margen de las consideraciones políticas y mediáticas, las pruebas serán fundamentales para determinar si fue o no un secuestro transfronterizo. En tal caso, estaríamos frente a una contravención al tratado de extradición con los Estados Unidos que está vigente desde el 4 de mayo de 1978.
Académico de la UNAM
