Hace poco escuché una entrevista que se realizó en el programa “La seria, la triste y la colorada con Judith Gradilla” por YouTube, en la que me impactó lo que dijo un candidato al cargo de Juez de Distrito especializado en materia administrativa: “Uno de los retos más difíciles a los que me enfrento en la campaña electoral es la renuncia a mi privacidad. Anteriormente no tenía redes sociales y no estaba acostumbrado a publicar mis actividades, mucho menos mis datos personales”. Las redes sociales se han consolidado como un instrumento fundamental en estas campañas electorales, pero su uso se ha convertido, además, en la forma cotidiana de vivir de las nuevas generaciones. Las y los jóvenes llevan dos vidas paralelas: la que denomino “vida virtual”, en la que se pasan horas y horas en los teléfonos móviles o dispositivos electrónicos, computadoras, tablets, etcétera; y la “vida real”, en la que cada vez se comunican menos.
Pero lo más grave es que, sin darse cuenta, los jóvenes y todos los usuarios de las redes sociales han renunciado a su privacidad, a pesar de que es un derecho humano fundamental que está protegido por nuestra Constitución y que ha sido consistentemente protegido por la Suprema Corte. Como sabemos, lo primero que se tiene que hacer para acceder a una red social es proporcionar nuestros datos personales, más la información de fotografías, videos, consultas, ubicaciones de los lugares a donde vamos. Todos estos datos están permanentemente monitoreados y almacenados por los dueños, empresarios, particulares o personas morales que comercializan a partir de nuestra información privada y que, en muchos casos, incluso la utilizan con fines ilícitos.
Recientemente la Comisión de Protección de Datos de Irlanda impuso una multa de 530 millones de euros a TikTok por la transferencia de datos personales de usuarios de Europa a China. La sanción fue resultado de una investigación que inició en el año 2021 en la que se determinó que se transfirieron datos personales a los servidores que físicamente se encuentran en China y, aunque no hay ningún elemento de prueba del que se desprenda que se hizo mal uso de esa información, el objetivo es proteger de la mejor forma posible los datos personales que están almacenados en esa plataforma de videos cortos.
Con esta lógica y preocupación, el presidente Donald Trump prohibirá el uso de esa plataforma de videos en los Estados Unidos en caso de que no se venda a un comprador que no sea Chino, bajo el argumento de que los datos personales de los usuarios estaban en peligro, por lo que debían pasar al control preferentemente de una persona estadounidense. Actualmente están corriendo los 75 días que estableció de plazo el Ejecutivo de ese país para que se llegue a una negociación con la empresa china ByteDance y se venda antes de que se ejecute la ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos por razones de seguridad nacional.
De ese tamaño es la importancia de nuestros datos personales que están en manos de los intereses más poderosos. Mientras eso sucede en el mundo, los candidatos a cargos de los poderes judiciales en nuestro país, obligados por las circunstancias, entregan sus datos personales a esa empresa china con la esperanza de que los conozcan los electores y puedan ser beneficiados con su voto.
Académico de la UNAM