El pasado domingo miles de mexicanos se manifestaron en distintas partes del país para protestar en contra del paquete de reformas constitucionales que presentó el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, donde actualmente se analizan. En el Zócalo de la Ciudad de México, el expresidente del INE, Lorenzo Córdova, apuntó que la ciudadanía se congregó en las plazas del país para defender a la democracia y las libertades, “derechos que hoy pretenden arrebatarnos… y para decirle no a toda propuesta que busque desmantelar las conquistas que en ese sentido hemos alcanzado”. Asimismo, apuntó que la serie de iniciativas presentadas “buscan destruir al INE como lo conocemos y, a través de una elección directa de sus consejeros, controlarlo políticamente. No se quiere a un árbitro imparcial, se quiere a un árbitro que responda a los intereses de la mayoría del momento. Y eso no podemos, ni vamos a permitirlo; perder al INE es perder la principal garantía para tener elecciones libres y volver al control del gobierno sobre los comicios”.
No es la primera ocasión en que el presidente de México, en ejercicio de sus facultades constitucionales, presenta una iniciativa para reformar la Constitución que resulta criticada o rechazada por las minorías legislativas. Si bien las mayorías mandan en una democracia, el Poder Legislativo tiene límites.
En palabras de Riccardo Guastini, la Constitución dicta límites a las consecuencias jurídicas de las leyes futuras de manera indirecta con normas que la constitución regula de manera inmediata (por ejemplo, otorgando derechos subjetivos a los ciudadanos) y con normas con las que la Constitución establece su propia superioridad jerárquica en relación con la ley. Lo anterior, atribuye a los jueces de un tribunal constitucional el poder de anular las leyes que contradigan la Constitución. Así, por ejemplo, hoy al otorgar derechos a los ciudadanos y al mismo tiempo al afirmar su superioridad respecto a la ley, la Constitución prohíbe a la ley suprimir o restringir esos derechos. Además, la Constitución solo puede ser modificada con un procedimiento especial (mayorías calificadas en el Congreso de la Unión y en la mayoría de las Legislaturas estatales), para evitar que sea modificada por una ley ordinaria.
Lo he manifestado en varias ocasiones: la Constitución por regla general no debe ser modificada. No todas las respuestas a los problemas más graves que enfrenta actualmente el país deben encontrarse en la modificación de la Constitución. Solo a partir de una revolución de conciencias debe surgir una reforma constitucional; no de la imposición desde el poder.
Las manifestaciones del domingo fueron pacíficas y las unió una preocupación legítima. Como señaló Lorenzo Córdova, “no se trata de especulaciones ni de falsas alarmas, ahí están las iniciativas para demostrarlo: se busca que las elecciones sean organizadas y la justicia impartida por funcionarios y jueces electos con el apoyo del partido mayoritario. Se buscan, pues, a jueces que respondan a un partido. Se busca desaparecer a los órganos autónomos para que sus estructuras sean absorbidas enteramente por el gobierno, es decir, lo que se pretende es desaparecer su autonomía para que sus tareas vuelvan al Ejecutivo”. Por ello, lo importante no es el resultado del debate respecto a su contenido, sino la participación ciudadana en el destino de México.
