Por primera vez en la historia contemporánea de México los miembros del Poder Judicial de la Federación serán electos mediante el voto popular. El próximo domingo 30 de marzo inicia el periodo de las campañas electorales y concluye el 28 de mayo. Pero el problema para la ciudadanía no sólo es entender cómo ejercer su voto en una boleta con un diseño nuevo, sino fundamentalmente la dificultad para conocer el perfil de candidaturas que no pueden hacer proselitismo en radio ni televisión.
El perfil de las candidaturas puede clasificarse en tres grupos. Primero, aquellos que actualmente son jueces o magistrados, que tenían “pase automático” al proceso electoral y que decidieron participar con la finalidad, en principio, de conservar sus puestos de trabajo. Si bien ya tenían estabilidad en el cargo, la reforma constitucional les arrebató su inamovilidad. A pesar de ello, aceptaron enfrentar un reto en el que no tienen ninguna experiencia, no van a ser apoyados con recursos públicos ni privados y no los conoce la gente a la que solicitarán su voto. El principal capital político de este grupo, en mi opinión, es la carrera judicial: su experiencia ya probada para ejercer el cargo. La garantía para la ciudadanía es que, durante varios años, han sido supervisados y vigilados por diversos medios de control; son candidatos, por decirlo de alguna forma, certificados en transparencia y anticorrupción.
Otro grupo lo integran quienes actualmente trabajan en el Poder Judicial, pero no como titulares de órganos jurisdiccionales, sino con funciones de secretarios de estudio, actuarios u oficiales judiciales. Todos ellos vieron como una oportunidad de ascenso este nuevo método de selección de jueces y magistrados; y lograron ser seleccionados por alguno de los tres Poderes del Estado para aparecer en la boleta electoral. Sin embargo, va ser mucho más difícil en este bloque identificar a los mejores candidatos. La experiencia dentro del Poder Judicial podrá ser un indicativo, pero es insuficiente para conocer su idoneidad para el cargo.
Y, finalmente, están las candidaturas que no tienen experiencia en el Poder Judicial. Algunos de ellos nunca han presentado una declaración patrimonial o de conflicto de intereses, por lo que tendremos que creer de buena fe la información curricular que quieran presentar durante su campaña electoral. En este bloque están las esperanzas de quienes promovieron el cambio de paradigma argumentando corrupción en el Poder Judicial y que, por ese motivo, había que renovarlo. No dudo que pueda haber extraordinarios candidatos con perfiles preparados y técnicos que puedan ”refrescar”, mejorar o cambiar las malas prácticas de la judicatura, pero mi observación está en la imposibilidad de la ciudadanía para contrastar las candidaturas y hacer la mejor selección posible.
Espero que todos los candidatos a un cargo en el Poder Judicial logren posicionar en campaña los mensajes que los distingan de otros tipos de candidatos de representación popular. Además, se trata de funciones distintas, la esencia no es la política sino el derecho. Quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia de Israel, en un artículo intitulado “El papel de un juez en una democracia”, apuntó que “el hecho de que los jueces no sean elegidos por los ciudadanos es precisamente lo que los capacita para permanecer firmes y reflejar sólo aquellos valores probados por el tiempo; aquellos principios y derechos subyacentes al sistema legal aun cuando no sean aceptados en un momento histórico determinado. Así el juez debe representar firmemente y dar expresión a esos valores, especialmente cuando la sociedad se deja llevar por el populismo. Al hacerlo el juez personifica la fortaleza, protegiendo los valores básicos y el concepto de la democracia tal como fue consagrada en la estructura constitucional”. En México serán elegidos los jueces por los ciudadanos, pero la misión no debe cambiar: la defensa de la Constitución y de los derechos humanos.
Académico de la UNAM
