El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece el marco operativo y la base legal de la Unión Europea (UE). Dentro de sus políticas, el artículo 102 establece que “cualquier abuso por parte de uno o más operadores de una posición dominante en el mercado interior, o en una parte sustancial del mismo, estará prohibido como incompatible con el mercado interior en la medida en que pueda afectar el comercio entre Estados miembros”. Recientemente, la Comisión Europea, que es el principal órgano ejecutivo de la UE para aplicar el derecho y defender los tratados de la UE, resolvió, previo procedimiento, que la empresa tecnológica Google infringió ese precepto al considerar acreditadas conductas anticompetitivas en el sector de la tecnología publicitaria en línea. La autoridad encargada de la defensa de la competencia le impuso una multa de 2 mil 950 millones de euros y le ordenó poner fin a las prácticas de “auto preferencia”, mediante su herramienta de intercambio de anuncios AdX y compra de publicidad.
De esta manera, la autoridad antimonopolio de la Unión Europea identificó que Google ha dominado el mercado con su servidor de publicidad del 2014 a la fecha. Además, acreditó que la empresa abusó de su posición dominante, por ejemplo, informando con antelación a AdX sobre el valor de la mejor oferta de los competidores, a la cual tenía que superar para ganar las subastas.
El caso no destaca sólo por la sanción económica de miles de millones de dólares, sino por el momento político en el que se toma esta decisión. Hace menos de dos meses se anunció el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos respecto al arancel del 15% que se impondrá a los productos europeos, el cual entró en vigor el pasado 17 de agosto. Ahora, con esta noticia, el presidente Donald Trump declaró la semana pasada que podría imponer más aranceles a la UE en caso de que se vuelva actuar contra las grandes empresas tecnológicas estadounidenses.
Este es otro ejemplo de la tensión entre el Derecho y la Política: por un lado, la violación de un tratado internacional que justifica una acción legal en materia de competencia económica y, por otro lado, la negociación política entre la UE y Estados Unidos para determinar los aranceles. La empresa Google tiene 60 días para cumplir la resolución, pero anunció que va a presentar un recurso en contra de ésta, por considerar excesiva la multa.
Me parece importante que las autoridades competentes de nuestro país revisen este precedente para investigar, en su caso, si esas prácticas también se producen aquí. Si bien se está implementando la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica, aprobada en junio de 2025, que establece la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio y modifica significativamente el marco regulatorio de la competencia en el país, podría ser un nuevo elemento a considerar en torno a las negociaciones arancelarias y el futuro del libre comercio, temas que serán discutidos no únicamente por el secretario de Economía de México y sus contrapartes de Estados Unidos, sino por la Corte Suprema de Estados Unidos, que entrará al análisis de la legalidad de los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump en noviembre próximo.
Académico de la UNAM