Cada día ingresan al Poder Judicial de la Federación miles de asuntos de ciudadanas y ciudadanos, quienes acuden a juzgados y tribunales de todo el país en busca de soluciones para sus problemas legales. De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal del Inegi, en 2022 ingresaron a los órganos federales 1 millón 256 mil asuntos en todas las materias. La impartición de justicia por parte de un cuerpo de funcionarios profesionales que pertenecen a un poder autónomo e independiente es una labor social fundamental para un país democrático. Además de ser la prueba de que la ciudadanía confía en el Estado la resolución de sus asuntos, se trata de la manera más civilizada, pacífica, objetiva y legítima de resolver nuestros diferendos.
Sin embargo, como hemos visto, algunos líderes parlamentarios y el propio titular del Ejecutivo Federal han lanzado severos señalamientos no solo al desempeño sino a la función misma de jueces, magistrados e integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tono mostrado en poco abona a la construcción de una mejor institución, pues lesiona la imagen de miles de servidores públicos y, además, antepone la confrontación antes que el diálogo. En este contexto, preocupa el reciente anuncio sobre un recorte presupuestal de más de 15 mil millones de pesos al Poder Judicial Federal debido a la desaparición de 13 fideicomisos. La decisión, sin duda, atenta contra su estabilidad y puede afectar la independencia de la judicatura.
La preocupación por la independencia del sistema judicial y de los miembros que lo integran no es exclusiva de nuestro país. La Comisión de Venecia, en su “Informe sobre la Independencia Judicial”, describe que este elemento fundamental para el buen desempeño de la justicia es el resultado de las reglas para salvaguardar la independencia frente a otros poderes, la cultura jurídica de cada sociedad y, desde luego, las condiciones materiales en las que se desempeñan sus integrantes. Respecto a esto último, la recomendación de la Comisión es que los impartidores de justicia y todo el aparato laboral del poder judicial cuenten con salarios dignos, prestaciones acordes a su función y del presupuesto requerido para desempeñar sus funciones con eficacia. Lo anterior debido a que la falta de recursos, ya sea materiales o humanos, repercute inmediatamente en la calidad, capacidad e independencia de las decisiones relacionadas con la impartición de justicia.
El máximo tribunal ha explicado que el recorte proyectado por la Cámara de Diputados afectaría no solo prestaciones adicionales sino derechos adquiridos del personal de base del Poder Judicial. Pero sus impulsores no han ofrecido muchos argumentos para eliminar los derechos conquistados por trabajadores, incluyendo aquellas relacionadas con atención médica, vivienda y pensiones. El asunto ha escalado a un conflicto político y a un debate de competencias, en donde el Poder Legislativo considera que posee las facultades para eliminar de tajo estos recursos y el Judicial defiende los derechos laborales de los servidores públicos, así como su autonomía presupuestal.
Lo inédito de este debate es que pueda derivar en la presentación de un juicio constitucional en el que la propia Corte sea quien deba resolver una eventual controversia. En tal escenario existe el riesgo de que se le pueda señalar como una resolución poco legítima, al existir un potencial conflicto de interés al ser la Corte “juez y parte”. Aunque inaudito, lo deseable es que prevalezca la política, el diálogo y el bien común, para evitar llegar a ese escenario que solo prolongaría el encono y el desgaste institucional del Estado mexicano.
