La elección judicial en México ha dejado tras de sí una multiplicidad de reflexiones. En términos generales, se trató de una elección sin la participación mayoritaria de la sociedad civil, desacreditada por errores en el proceso de selección de candidatos y cuestionada porque el Tribunal Electoral avaló diversas violaciones en perjuicio de los aspirantes que fueron excluidos del proceso. Asimismo, el INE fue incapaz de dar a conocer eficazmente el perfil de las y los candidatos o explicar quiénes competían entre sí para contrastar perfiles, sin mencionar que se implementaron boletas electorales muy complicadas para entender por la ciudadanía. Pero además de las vicisitudes propias del proceso electoral, puede señalarse que se concretó la implementación de un nuevo método para la designación de jueces en perjuicio de la carrera judicial.
Hacia el futuro inmediato, el proceso de transición por la sustitución de los titulares de los Poderes Judiciales necesariamente retrasará aún más la resolución de miles de expedientes en trámite. Si bien en el ámbito federal sólo será la mitad de los jueces y magistrados quienes dejan sus funciones este año, hay muchas vacantes por jubilación y renuncia que acontecieron después de la tómbola judicial. Incluso seguirán aconteciendo deserciones en los próximos meses. Por ello, el escenario a corto plazo es la dilación de la justicia.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha recibido en promedio 4,000 expedientes por año, de los cuales sólo se resolvía el 20 por ciento en el mismo periodo. La mayoría de los asuntos se concluían en la Primera y la Segunda Sala, mientras que el Pleno de la Suprema Corte sólo trataba las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Ahora que conocemos los resultados de las votaciones, uno de los tantos reto de las nuevas y los nuevos integrantes del máximo tribunal del país será enfrentar el retraso de miles de expedientes en trámite.
En nuestra opinión un error de la reforma judicial fue desaparecer la organización y funcionamiento de las Salas. Esto obligará a que los nueve ministros y ministras tengan que ver caso por caso, reunidos en Pleno. Naturalmente, este esquema va a generar rezago en poco tiempo: cuando se repartía el trabajo en dos salas se resolvían alrededor de 300 asuntos mensuales en cada una de ellas, mientras que el Pleno solo resolvía un promedio de 15 asuntos.
Si bien tres candidatas que resultaron vencedoras en la jornada electoral judicial ya tienen experiencia previa en el funcionamiento de la Suprema Corte, el resto de ministros y ministras, es decir seis, tendrán que pasar por la denominada “curva de aprendizaje”. En definitiva, este hecho impedirá una justicia pronta y expedita por lo menos este año, pues los ministros que terminan funciones prácticamente están preparando su proceso de entrega-recepción.
Algunos hemos reconocido públicamente las aportaciones de las y los ministros salientes al sistema de justicia en México. Incluso en las pocas sesiones que faltan parece que seguirán resolviendo asuntos de la mayor importancia. No hay mejor forma de concluir una función tan importante que ejercer su facultad constitucional hasta el último momento. La nueva integración de la Suprema Corte necesariamente tendrá que implementar un nuevo sistema para discutir y resolver los asuntos, porque pensar en corregir en esa parte la reforma constitucional suena difícil.
Académico de la UNAM
