Es difícil describir el escenario político nacional. Son tantos los acontecimientos que afectan y ponen en riesgo el futuro de la nación que ya podrían haber ocasionado en estos momentos una crisis de gobernabilidad. Sin embargo, sorprende la capacidad de tolerancia e indiferencia que ha desarrollado el pueblo de México.
Uno de los más importantes pensadores de la Revolución francesa de 1789, Emmanuel-Joseph Sieyès definió a la nación como un cuerpo de asociados que viven bajo una ley común y representados por la misma legislatura. Estos deben actuar expresando una voluntad común representativa, no debe prevalecer la voluntad del Rey sino la que ejercen quienes representan por decisión comunitaria a los individuos conformantes del cuerpo social, es decir, del pueblo.
En ese orden de ideas, el Poder Legislativo teóricamente nos representa. Nosotros deberíamos tener voz y voto al momento en que se elaboran las leyes. Pero la realidad de México ha sido otra muy distinta. En términos generales, quien ha ganado la elección presidencial ha controlado al partido político que lo llevó al poder y a los legisladores que lograban la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, por lo que el Poder Legislativo consolidó el Presidencialismo en nuestro país. No fungió como un contrapeso al Poder Ejecutivo sino como un poder institucional. Fue Carlos Salinas de Gortari quien llegó a la Presidencia de la República sin la mayoría calificada que le permitiera hacer reformas constitucionales, lo que lo llevó a acordar y negociar con la oposición.
Los ingleses teóricamente no solo han construido instituciones gubernamentales como los franceses a partir de la división de poderes, además decidieron como forma de gobierno el parlamentarismo, dando mayor relevancia al grupo de personas elegidas por los ciudadanos que al propio Poder Ejecutivo. En esa tradición destaca un texto político de Edmund Burke intitulado “Reflexiones sobre la causa del descontento actual”, el cual afirma: “Hoy la elección popular de los cargos públicos con arreglo a criterios de mérito y honores es una de las principales ventajas de un Estado libre; sin ello o sin algo similar el pueblo tal vez no pueda disfrutar por mucho tiempo de la escena de la libertad ni seguramente de la energía vivificadora de un buen gobierno… En nuestra constitución, al pueblo se le confería la facultad deliberativa de hacer leyes a través de sus representantes y el rey la capacidad de veto sobre las mismas; el rey tenía la potestad para elegir y nombrar a los cargos de su gabinete y el pueblo por su parte podía rehusar su propuesta mediante la negativa parlamentaria; originalmente el resultado de esta función de control era lo que mantenía los ministros sujetos al parlamento y al parlamento sujeto al pueblo, si la facultad de control sobre el sistema y sobre las personas que integran la administración desaparece entonces todo está perdido el parlamento y todo lo demás”.
Lo más increíble es que el citado artículo se publicó en 1770. Lejos estamos de consolidar en nuestro país una cultura política en la que se ejerza el poder soberano a que hace referencia el artículo 39 de nuestra Constitución, por parte de los ciudadanos. Mientras esto no suceda, la clase política seguirá ejerciendo el poder, a nombre del pueblo sabio, pero en contra del interés general de la nación.