La Constitución es el fundamento del orden político, económico y social de los mexicanos. Sin embargo, en este 2026 me pregunto si hay orden político en las elecciones que celebra nuestro país, si existe actualmente una buena economía, o si los conflictos sociales, incluida la inseguridad, están en los márgenes de la razonabilidad. Por desgracia, el diagnóstico es negativo. ¿Es culpa de la Constitución? ¿Hay que cambiarla? ¿Es la solución?
Cuando Venustiano Carranza inauguró las labores del Congreso Constituyente, el 1° de diciembre de 1916, afirmó en su discurso que “los legisladores de 1857 se conformaron con la proclamación de principios generales que no procuraron llevar a la práctica acomodándose a las necesidades del pueblo mexicano; de manera que nuestro código político tiene en general el aspecto de fórmulas abstractas en que se han condensado conclusiones científicas de gran valor especulativo, pero de las que no ha podido derivarse sino poca o ninguna utilidad positiva”. Como si no hubiesen transcurrido 109 años, se puede afirmar hoy exactamente lo mismo: las normas constitucionales han tenido poca utilidad para resolver los graves problemas que enfrentamos en la actualidad.
Reformar nuestra Constitución no es la solución. Se le han hecho más de 800 modificaciones y son pocos los artículos que conservan su redacción original. Uno de ellos es el 135 que, aunque registra dos reformas, en realidad no fueron sustanciales. La idea es prácticamente la misma: “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión hará el cómputo de los votos de las legislaturas, y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas”. (Texto original)
Esto significa que prácticamente toda la sociedad mexicana debe participar, opinar y consensuar, a través de sus representantes en los Congresos de cada entidad federativa, y de la Cámara de Diputados y el Senado, cualquier modificación que se pretenda hacer a nuestra Constitución. El procedimiento que se pactó desde 1917 es teóricamente complejo y rígido, porque las modificaciones tienen que ser aprobadas por mayoría de dos terceras partes de ambas cámaras, y además, por la mayoría de las Legislaturas de los estados. Pero, en la práctica, las últimas reformas constitucionales se han realizado con una facilidad expedita, como si se hubieran puesto de acuerdo más de 130 millones de mexicanos en unos cuantos días. La explicación: la mayoría legislativa que tiene el partido en el poder junto con sus aliados, tanto en el Congreso de la Unión como en la mayoría de los Congresos estatales, pero más importante, la falta de interés de la sociedad civil en participar activamente en la política nacional.
El Ejecutivo federal anunció que presentará una reforma constitucional al sistema electoral. Celebramos que haya un grupo de expertos que la está preparando y que no se ha apresurado en entregar una propuesta a pesar de la presión mediática, pero una vez presentada, no debería aprobarse como la reforma judicial, sin escuchar a académicos, partidos de oposición y a diversos sectores de la sociedad civil. En esta ocasión, debe de discutirse y analizarse con seriedad, pues una reforma electoral no va a resolver los problemas de inseguridad, la falta de crecimiento económico, la pobreza extrema, etc. Por ello creo que no es de urgente resolución.
Modificar las normas constitucionales no garantiza su vigencia efectiva. Las bases del pacto político actualmente permiten la participación de todos. Espero que en esta ocasión se respete la esencia del 135 constitucional y cada legislador se haga responsable de su voto y lleve a los Congresos las voces de sus representados.
Académico de la UNAM