En México, el juicio de amparo ha sido históricamente el escudo ciudadano frente a los abusos del poder. Nació como una conquista para poner límites al poder público y recordar a los gobernantes que sus decisiones siempre están sujetas al control constitucional. Sin embargo, hoy enfrentamos un intento de retroceso que, de concretarse, dejaría a millones de mexicanos sin defensa efectiva ante actos arbitrarios.
Lo que se presenta como una modernización del sistema judicial en realidad esconde una intención preocupante: reducir el acceso al amparo, encarecerlo y complicar la posibilidad de suspender los efectos de una ley o de un acto de autoridad mientras se resuelve el juicio. En otras palabras, se pretende quitarle a la ciudadanía el único escudo real con el que cuenta para detener la maquinaria del poder.
Uno de los cambios más regresivos es la eliminación del “interés legítimo” como vía de acceso al amparo. Gracias a esa figura, colectivos, comunidades y personas que no necesariamente tienen un derecho subjetivo individual —pero sí se ven afectados por una norma o política pública— han podido acudir a los tribunales. Limitar esta posibilidad nos devuelve a una visión reducida, donde sólo el individuo aislado puede defenderse, dejando desprotegidas a causas sociales, ambientales o de derechos humanos que hoy encuentran en el amparo un camino de justicia.
Otro punto crítico es la restricción a la suspensión del acto reclamado. Actualmente, esta medida cautelar es vital porque impide que el daño se consume mientras se resuelve el juicio. Se trata de una forma de sofocar el amparo desde la práctica: volverlo un recurso lento e ineficaz que no logra frenar los abusos en el momento en que más se necesita.
Los cambios impulsados por el oficialismo también amplían las excepciones en las que no procede la suspensión y blinda a las autoridades frente a la responsabilidad de sus actos. Esto significa otorgar más poder discrecional al gobierno y menos herramientas de defensa a los gobernados. En lugar de fortalecer la rendición de cuentas, se levantan muros para que la autoridad pueda actuar sin ser molestada por la ciudadanía.
El resultado de esta reforma es claro: una ciudadanía desarmada frente al poder. Quien hoy quiera defender el medio ambiente, denunciar el uso indebido de recursos públicos o exigir respeto a sus derechos fundamentales, se topará con un muro mucho más alto.
No se trata de un debate técnico ni de un simple cambio procesal. Lo que está en juego es la posibilidad real de frenar abusos del poder y de exigir cuentas a las autoridades. Sin un amparo fuerte, el Estado queda sin contrapesos y la balanza se inclina peligrosamente hacia el lado del gobernante.
Lo que debería ser una modernización se convierte en un retroceso histórico. El amparo es más que un recurso judicial: es la garantía de que el ciudadano no está solo frente al gobierno. Desarmarlo equivale a dejar a la sociedad inerme, y un pueblo inerme es el terreno perfecto para el abuso y la impunidad.
Presidente Nacional del PRI
