El pasado jueves, el Senado de la República aprobó un controvertido proyecto de reforma que ha encendido alarmas sobre el futuro de la democracia y el orden constitucional en México. Este proyecto no solo promete alterar profundamente el equilibrio de poderes en el país, sino que también evoca recuerdos de un pasado no tan lejano, donde el centralismo y el autoritarismo amenazaban la autonomía de las entidades federativas y la libertad de la ciudadanía.
El núcleo del problema radica en la creación de un "súper poder" que se otorga al órgano reformador de la Constitución. Este cambio plantea un escenario en el que dicho órgano no solo tendrá la capacidad de enmendar a su antojo la Constitución, sino que también se colocará por encima de los otros poderes públicos: el Judicial, el propio Legislativo y hasta el Ejecutivo. Tal concentración de poder en una sola entidad es incompatible con los principios básicos de una república democrática, en la que el poder debe ser distribuido y equilibrado entre diversas instituciones.
La historia de México ha estado marcada por luchas entre el centralismo y el federalismo. La reforma aprobada evoca los tiempos del “Supremo Poder Conservador” de 1835, un periodo en el que el país se encontraba bajo el yugo de un poder central que limitaba las libertades y la autonomía de los estados.
Si se concreta esta reforma, México podría estar retrocediendo a esos tiempos oscuros, donde la voz de las entidades federativas y de la ciudadanía se vería silenciada ante la imposición de un poder autoritario.
La posibilidad de que México deje de ser una república y un estado federado es un escenario alarmante que no se puede ignorar. En un modelo federal, las entidades tienen autonomía para legislar y gobernar en asuntos que les competen, lo que fomenta la diversidad y la pluralidad en la toma de decisiones. Sin embargo, con la reforma aprobada, se corre el riesgo de que este principio fundamental se vea socavado, poniendo en peligro la existencia misma del federalismo en el país.
Además, la reforma amenaza con erosionar los cimientos de la democracia mexicana. Un poder centralizado y absoluto podría llevar a la represión de la disidencia, la censura de la prensa y la criminalización de la oposición política.
Ante esta preocupante situación, es imperativo que la sociedad civil, los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales nos movilicemos para exigir una revisión exhaustiva del proyecto de reforma. La defensa del orden constitucional y de la democracia no es solo responsabilidad de los legisladores, sino de cada una y uno de los ciudadanos que valoran la libertad y la justicia.
La historia nos ha enseñado que los retrocesos democráticos suelen ocurrir de manera gradual, disfrazados de reformas necesarias o urgentes. No podemos permitir que la ambición de un superpoder acabe con los logros alcanzados a lo largo de décadas de lucha por la democracia en México.
Presidente Nacional del PRI