El gobierno de Morena ha propuesto cambios de fondo al Poder Judicial de la Federación, con el argumento de combatir la falta de transparencia y la colusión con poderes fácticos. Sin embargo, existe una creciente preocupación de que estas reformas busquen, en realidad, debilitar la función técnica e imparcial de impartir justicia, convirtiéndola en una herramienta política y, peor aún, en un instrumento al servicio de intereses criminales.
El discurso oficial sostiene que el Poder Judicial está plagado de corrupción y que su falta de transparencia y autonomía real lo hace susceptible a influencias externas. Sin embargo, detrás de esa llamarada hay una intención de control político más que un verdadero interés por la justicia. Entre los puntos más destacados están que los cambios propuestos tienden a centralizar más poder en el Ejecutivo, debilitando la independencia judicial. Esto es preocupante en un sistema democrático donde la separación de poderes es fundamental.
Se ha planteado la modificación de los procesos de nombramiento de jueces, magistrados y ministros, lo que podría permitir al Ejecutivo tener un mayor control sobre el Poder Judicial, eligiendo a personas leales al gobierno en lugar de a profesionales imparciales y competentes.
Las reformas buscan reestructurar o eliminar algunas instituciones clave dentro del Poder Judicial que históricamente han actuado como freno a los excesos. Esto podría erosionar la capacidad del sistema judicial para actuar de manera independiente y autónoma.
La concreción del proyecto oficialista podría tener serias consecuencias para la función judicial en México, tales como que la justicia dejaría de ser una función técnica e imparcial para convertirse en un instrumento al servicio de intereses políticos. Esto no solo socavaría la confianza pública en el sistema judicial, sino que también podría llevar a un aumento en la impunidad y la corrupción.
Al politizar al Poder Judicial se facilita la protección de intereses criminales, especialmente en regiones donde la delincuencia tiene una fuerte influencia. Esto es una grave amenaza para el Estado mexicano.
La colusión entre el gobierno y los intereses criminales ha sido un tema recurrente en el debate político. Durante las recientes elecciones se observó la influencia de grupos delictivos en amplias zonas del país, afectando la libre elección de la ciudadanía. La politización del Poder Judicial podría agravar esta situación, permitiendo que los delincuentes operen con mayor impunidad y controlen aún más las dinámicas políticas y sociales.
Las reformas al Poder Judicial propuestas por el gobierno de Morena presentan una fachada de transparencia y combate a la corrupción, pero esconden el riesgo de convertir la justicia en un arma política. La independencia judicial es un pilar esencial de la democracia y cualquier intento por debilitarla debe ser rechazado inmediatamente. Los ciudadanos y los actores políticos deben permanecer vigilantes y exigir que las reformas verdaderamente fortalezcan, y no debiliten, la capacidad del Poder Judicial para impartir justicia de manera imparcial y efectiva.