México no se derrumba de un día para otro. Se desgasta. Se va quedando sin aire poco a poco, entre decisiones mal tomadas, omisiones deliberadas y una narrativa oficial que insiste en negar lo evidente. Hoy, el país enfrenta una asfixia silenciosa pero profunda, resultado de años de demagogia, desatención gubernamental y un preocupante desapego por resolver los problemas reales de la gente.
Durante demasiado tiempo se privilegió el discurso sobre los resultados. Se prometió transformación, pero en la práctica se desmontaron capacidades institucionales, se debilitó al Estado y se sustituyó la política pública por ocurrencias. Gobernar dejó de ser sinónimo de responsabilidad para convertirse, en muchos casos, en un ejercicio de propaganda.
Las consecuencias ya están aquí. La inseguridad no solo persiste, sino que en amplias regiones del país se ha normalizado la presencia y operación de grupos criminales. No se trata únicamente de cifras: es el miedo cotidiano, la extorsión al pequeño comerciante, el control territorial y la pérdida de libertades básicas. La percepción —cada vez más extendida— de una preocupante tolerancia o incapacidad del Estado frente al crimen erosiona la confianza ciudadana y debilita el tejido social.
A ello se suma una corrupción que, lejos de erradicarse, ha mutado y encontrado nuevos mecanismos. El llamado “huachicol fiscal” es quizá uno de los ejemplos más alarmantes: redes complejas que evaden impuestos a gran escala, generando pérdidas millonarias al erario y causando el quebranto de Pemex mientras se alimentan de vacíos regulatorios y complicidades. Lo más grave no es solo el daño económico, sino el mensaje implícito: la ley no es pareja.
En el ámbito de la salud, el abandono es evidente. Lo que debería ser un derecho garantizado se ha convertido en una moneda de ajuste presupuestal. La falta de medicamentos, el deterioro de la infraestructura hospitalaria y la precarización del personal médico no son accidentes, son el resultado de decisiones que priorizaron cálculos financieros por encima de la vida de las personas. La factura, inevitablemente, la paga la sociedad.
El despilfarro también ha dejado huella. Recursos públicos destinados a proyectos cuestionables, muchas veces sin planeación ni evaluación rigurosa, han comprometido la capacidad del Estado para invertir donde realmente importa: educación, seguridad, salud e infraestructura básica. No se trata de estar en contra de la inversión pública, sino de exigir que sea útil, transparente y orientada al bienestar colectivo.
Frente a este panorama, lo más revelador es el cambio en el ánimo social. La ciudadanía ha comenzado a mostrar signos claros de hartazgo. Ya no basta con narrativas optimistas ni con culpar al pasado. La gente quiere resultados tangibles, soluciones concretas y, sobre todo, un gobierno que asuma su responsabilidad con seriedad.
México no necesita más discursos grandilocuentes. Necesita rumbo. Necesita instituciones que funcionen, políticas públicas basadas en evidencia y liderazgos que entiendan que gobernar implica tomar decisiones difíciles, rendir cuentas y corregir el rumbo cuando es necesario.
La asfixia que hoy vivimos no es irreversible, pero sí exige actuar con urgencia. Porque cuando un país pierde el aire, no hay margen para la simulación. O se corrige el camino con responsabilidad y visión de Estado, o se profundiza una crisis que terminará por alcanzar a todos.
La sociedad mexicana ya habló —aunque no siempre en voz alta—: no quiere más demagogia. Quiere soluciones. Y el tiempo para darlas se está agotando.
Presidente Nacional del PRI
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