Hace unos días, la DEA hizo pública una revisión externa de sus operaciones internacionales, elaborada por un exfuncionario de la agencia y un exfiscal federal. Como a menudo sucede con este tipo de documentos, los medios mexicanos se concentraron en un tema vistoso, pero menor: la supuesta designación de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación como las “principales amenazas” para Estados Unidos.
Digo supuesta porque no hay tal designación en ninguna parte del documento, solo una descripción de las acciones que estaría implementando la DEA en contra de esos grupos criminales. Se trata además de un tema que acaba ocupando muy poco espacio.
El asunto principal del reporte es el déficit de integridad y la debilidad de los controles internos de la DEA, particularmente en lo relacionado con sus operaciones en el extranjero. El origen de la revisión es la multiplicación de casos de corrupción y negligencia en la agencia antidrogas en años. Por ejemplo, se describe el caso de José Irizarry, un agente apostado en Colombia, que habría desviado no menos de 9 millones de dólares etiquetado para operaciones encubiertas.
Los autores son muy amables con la DEA y mantienen a lo largo del documento un tono relativamente poco crítico. A pesar de ello, hay hallazgos notables (descritos eufemísticamente como “áreas de mejoría”). Van algunos:
- La DEA está brutalmente compartamentalizada, tanto en términos operativos como de información. La inteligencia que genera una oficina ubicada en el exterior rara vez se comparte fuera de silos organizacionales muy estrechos. En particular, no es fluida la comunicación entre oficinas en el exterior y oficinas ubicadas en Estados Unidos.
- La presencia de la DEA en el exterior y la distribución correspondiente de recursos depende más de legados institucionales que de la evolución de las amenazas generadas por el narcotráfico. Dicho de otro modo, la DEA mantiene un mundanal de oficinas fuera de Estados Unidos (93 en 69 países, para ser preciso) por simple inercia.
- La DEA no cuenta con métricas precisas para evaluar en qué medida sus operaciones en el exterior dan cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización y contribuyen a contener lo que describen como “amenazas de drogas”. En específico, citan como ejemplo la ausencia de métricas para medir el avance en la “degradación y desmantelamiento del Cártel de Sinaloa y el CJNG”.
- Las oficinas en el exterior de la DEA no cuentan in situ con personal del área jurídica y de cumplimiento (compliance). Esto “puede crear barreras para identificar y escalar oportunamente riesgos de cumplimiento emergentes”. Traduciendo del burócrata a la lengua vernácula, eso significa que, en ausencia de personal local de cumplimiento, las faltas éticas o las desviaciones normativas pueden permanecer por debajo del radar de la agencia por un largo rato.
- Las revisiones y auditorías a las oficinas en el exterior no suceden con la periodicidad debida. Si bien se esperan cambios a partir de este año, “históricamente, las inspecciones de las divisiones en el exterior han sido poco frecuentes, con brechas de varios años y no suficientemente adaptados a los riesgos únicos de cada oficina.”
Esto sucede además en una organización que tiene alcance imperial, con presencia en 69 países, haciendo uso continuo de métodos encubiertos (entregas controladas de droga o efectivo, uso de negocios fachada, intercepción de comunicaciones, etc.), manteniendo una red gigante de informantes y siendo en muchos casos la ventanilla principal de la diplomacia estadounidense.
Francamente, este no es un reporte tranquilizador para un país como México.
Twitter: @ahope71