Todo empezó el martes pasado con la denuncia de un empresario transportista de Guanajuato: 23 pasajeros de una de sus unidades, incluyendo al chofer, habrían sido secuestrados en los alrededores de Matehuala, San Luis Potosí.
Eso detonó una batida de diversas dependencias federales y estatales que acabó dando no solo con las víctimas iniciales, sino con decenas más. Para el viernes, según la Fiscalía potosina, habían sido localizadas 105 víctimas de secuestro. Se trataba en su mayoría de migrantes que buscaban llegar a la frontera con Estados Unidos.
¿Final feliz, entonces? Pues no del todo. Si un esfuerzo de búsqueda de tres días logró encontrar a más de un centenar de víctimas, ¿cuántas hay en un año? No me sorprendería si la respuesta se ubicara en decenas de miles.
El secuestro de migrantes no es el único delito que padece esa región. El robo a autotransporte de carga es extremadamente común en esa zona, de acuerdo a empresarios del ramo. El tramo de Santa María del Río a Matehuala en San Luis Potosí (aproximadamente 228 kilómetros) tiene una reputación particularmente siniestra.
Esto, vale la pena destacar, no sucede en una zona aislada. La mayoría de esos delitos suceden en la carretera federal 57, tal vez una de las más transitadas del país. Se trata de la principal vía de comunicación entre la Ciudad de México y la frontera con Estados Unidos. Por allí pasa más de la mitad del comercio exterior de México en términos de volumen.
¿Cómo es posible que una carretera tan importante y tan transitada sea tan insegura? ¿No se supone que tenemos a la Guardia Nacional para la vigilancia carretera? Según el dato más reciente, esa corporación tendría 128,000 elementos, a los cuales hay que sumar algo más de 80,000 elementos del Ejército y la Marina que realizan labores de seguridad. Con todo ese personal, ¿no pueden evitar centenares de delitos en un tramo de 228 kilómetros en una carretera de vital relevancia para el país?
¿Pero es que tal vez la Guardia Nacional se encuentra en otras partes realizando otras tareas? Sí, y es allí dónde radica el problema. El grueso de la corporación está desplegado en zonas urbanas, realizando labores sustitutivas, no complementarias, de las policías locales. Se trata de una institución que básicamente hace rondines en espacios urbanos, investiga muy poco y no detiene a casi nadie. Es la policía municipal más cara e ineficiente del país.
En cambio, donde podría ayudar más, en zonas rurales y pequeñas poblaciones, en la vigilancia de caminos y carreteras, la corporación no está. Para muestra basta un botón: en 2021, según datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal, la Guardia Nacional puso a disposición del ministerio público a cinco personas por el delito de robo a transportista.
Esto es además absolutamente contrario a los ejemplos internacionales que fueron invocados al momento de la creación de la Guardia Nacional. La Gendarmería francesa, la Guardia Civil española o los Carabinieri italianos están básicamente desplegados en zonas rurales y pequeñas poblaciones. De hecho, en su origen, esas corporaciones fueron pensadas básicamente como un instrumento para combatir el bandolerismo en los caminos.
Lo sucedido en San Luis Potosí debería de servir de llamada de alerta. Tenemos una corporación enorme, carísima e incapaz de garantizar condiciones mínimas de seguridad en las principales carreteras del país.
Mi humilde sugerencia para el siguiente sexenio es que reduzcan el mandato de la GN y la redesplieguen hacia zonas rurales y pequeñas poblaciones. En las ciudades, no sirve de nada, pero en las carreteras tal vez pudiera tener un impacto.
