La semana pasada, la familia LeBarón solicitó formalmente al gobierno de Estados Unidos que designe a los cárteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras.
Razones no le faltan: sus familiares fueron víctimas de un atentado monstruoso que, en otras latitudes, sería probablemente clasificado como un acto terrorista. Añádase que no es la primera vez que esa familia mormona ha estado en la mira de las organizaciones criminales. Súmese que ya han hecho todas las gestiones posibles con autoridades de todos los niveles de gobierno, pidiendo infructuosamente seguridad y justicia.
No sorprende por tanto que soliciten ahora que las bandas criminales que los han acosado desde hace más de una década reciban trato de terroristas por parte del gobierno más poderoso de la Tierra.
Y en esa causa, probablemente encuentren aliados del otro lado de la frontera. En febrero de este año, dos miembros republicanos de la Cámara de Representantes, Chip Roy y Mark Green, enviaron una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, solicitando la inclusión de bandas criminales mexicanas en la lista de organizaciones terroristas extranjeras que mantiene el gobierno de Estados Unidos.
Esas peticiones ya habían surgido en el pasado. Pero la idea ha venido ganando tracción en Washington, D.C. En una entrevista concedida en marzo pasado, el presidente Donald Trump afirmó que estaba pensando “muy seriamente” en designar a algunos “cárteles” como organizaciones terroristas extranjeras.
La masacre de la familia LeBarón ha dado impulso a la idea. El senador Lindsey Graham, uno de los miembros republicanos más influyentes de la cámara alta estadounidense afirmó lo siguiente hace un par de semanas: “le he pedido a mi personal que verifique si los cárteles mexicanos son organizaciones terroristas en los términos de la legislación estadounidense. Si no lo son, me gustaría que lo fueran.”
¿Qué significaría una designación de esa naturaleza? Se podría usar en contra de los grupos designados todo el arsenal legal e institucional que utiliza el gobierno de Estados Unidos en el combate al terrorismo: entre otras cosas, la persecución de proveedores y clientes por “apoyo material al terrorismo”, el congelamiento de una gama amplia de fondos e instrumentos financieros, restricciones migratorias a todos los miembros del grupo en cuestión y restricciones de viaje a muchos otros individuos. Asimismo, pondría al grupo específico no sólo en la mira de las agencias estadounidenses de persecución del delito (DEA, ICE, etc.), sino de toda la comunidad de inteligencia (CIA, NSA, etc.).
El gobierno de México se ha opuesto tradicionalmente a la inclusión de grupos criminales mexicanos en la lista de organizaciones terroristas extranjeras. Por varias razones, pero una resulta decisiva: una designación de ese tipo reforzaría la narrativa de la ultraderecha estadounidense que describe a nuestro país como un estado fallido, trata al terrorismo y al narcotráfico como fenómenos gemelos, y utiliza esos argumentos para exigir el cierre de la frontera y la restricción a la migración.
Pero, ante los hechos del último mes y medio, la posición mexicana se ha debilitado. Dados los acontecimientos de Culiacán y Bavispe, se ha vuelto más difícil hacer la distinción fina entre grupos criminales y organizaciones terroristas. Y en vísperas de un proceso electoral en Estados Unidos, tal vez haya mayores incentivos en círculos políticos del país vecino para tomar una medida de esa naturaleza.
Entonces no resulta impensable que la familia LeBarón vea satisfecha su petición en un futuro cercano. Habrá que estar preparados para las consecuencias.
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