Ayer por la tarde, el secretario de Hacienda hizo entrega en el Congreso de la Unión del paquete económico 2021, incluyendo el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año próximo.
Al momento de escribir estas líneas, no conozco aún el documento. De seguro, dará material para varias columnas. Pero, por ahora, quiero concentrarme en algunos de los problemas estructurales del sector, los que se presentan año con año sin importar el signo partidista del gobierno en turno.
1. Subinversión crónica: México gasta aproximadamente 1.4% del PIB en el sector seguridad y justicia, en todos los niveles de gobierno e incluyendo a las secretarías militares (Sedena y Semar). No es fácil comparar con otros países por diferencias de diseño institucional, pero, en promedio, los integrantes de la OCDE gastan dos veces más como proporción del PIB en esas tareas. Esa diferencia se nota en cada uno de los eslabones de la cadena institucional: en la carencia relativa de policías, los bajos sueldos, la ausencia de equipo, el rezago de los expedientes y el abandono de las prisiones. Tenemos, en buena medida, la seguridad que pagamos.
2. Pocos recursos para estados y municipios: de los aproximadamente 300 mil millones de pesos que se erogan en el sector seguridad y justicia cada año, menos de 100 mil millones son ejercidos a nivel estatal o municipal. Eso incluye a toda la cadena: policías, fiscalías, tribunales y sistema penitenciario. En la primera línea de atención al público, los recursos son muy escasos. Eso tiene múltiples causas, una de las cuales es nuestro disfuncional federalismo fiscal y el mal diseño de los fondos de aportaciones y subsidios (FASP, Fortaseg, Fortamun). Pero los gobiernos estatales y municipales, salvo excepciones, han hecho poco para crear una fuente estable y suficiente de financiamiento para su sector seguridad y justicia. Por ejemplo, no ha habido esfuerzos para vincular explícitamente el cobro del impuesto predial y el financiamiento a las corporaciones policiales.
3. Abandono de la justicia: la procuración de justicia ha representado tradicionalmente un porcentaje muy limitado del gasto en el sector. Además, esa proporción no ha crecido con los años: desde hace casi tres lustros, el presupuesto de la PGR/FGR se ha mantenido estable (con tendencia a la baja) en términos reales. Algo similar ha sucedido en buena parte de las entidades federativas, justo en el momento en que se ha dado la transición al sistema penal acusatorio. A esto se añade una serie de mandatos legales a las fiscalías (en materia de secuestro, desaparición de personas, tortura, etc.) que no han venido acompañados de financiamiento adicional. El resultado ha sido un desbalance creciente entre los recursos y las obligaciones de la procuración de justicia.
4. Gasto inercial: en el sector seguridad y justicia, se gasta poco y se gasta mal. Es una zona libre de evidencia, donde el gasto se ejerce más por inercias institucionales que por consideraciones de eficacia. Salvo excepciones, no hay evaluaciones externas de los programas de gasto y las métricas tienden a ser de proceso o gestión (¿Cuántas personas fueron detenidas? ¿Cuántas carpetas de investigación se abrieron?). Incluso cuando se usa algún indicador de resultados (por ejemplo, tasa de victimización), no hay por lo regular una teoría de impacto que vincule los recursos con la meta. El resultado es un ejercicio muy ineficaz del gasto.
Estos problemas no los creó esta administración, pero puede empezar a corregirlos. Pero dada la trayectoria de estos meses, dudo que caminen en esa dirección.
