El asunto de los estadounidenses secuestrados en Matamoros demuestra que el Estado mexicano tiene pintadas algunas rayas en la arena.
Si las víctimas son de Estados Unidos y su caso se vuelve nota en todos los medios del país vecino, las instituciones de seguridad y justicia moverán cielo, mar y tierra para lograr su pronta ubicación. Habrá retenes en los caminos, rondines en las colonias, helicópteros en los aires. Investigadores de élite se harán cargo de las indagatorias. Dos o tres secretarios de Estado, además del gobernador y el fiscal del estado, le darán seguimiento al caso. El asunto llegará incluso a la mañanera.
Si además el secuestro sucede en medio de tensiones entre México y Estados Unidos , cuando muchos políticos del otro lado hablan de medidas de mano dura contra los cárteles mexicanos, el desenlace probablemente sea más expedito. O como mínimo, la banda criminal responsable va a tener fuertes incentivos para recular, liberar a las víctimas que sigan vivas y poner de chivos expiatorios a algunos de sus integrantes.
¿Pero qué pasa si las víctimas son mexicanas? Bueno, entonces tendrían que demostrar que son prominentes por otro motivo. Que son políticos o actrices o futbolistas (tal vez algunos recuerden el frustrado intento de secuestro de Alan Pulido hace algunos años). O algo, lo que sea, que sugiera que su secuestro puede generar trending topic. Tal vez con eso, algo de caso le puedan hacer a las víctimas
¿Y si no son famosas o prominentes o están ubicadas en alguna circunstancia que permita viralizar el caso? En ese escenario, las perspectivas no son muy alentadoras. No les van a dar el tratamiento Matamoros. Les espera un largo cautiverio o la desaparición permanente. Sus familias tienen por delante los maltratos en el MP, la reacción lenta, las sugerencias de que nada sirve denunciar, las solicitudes de moches y la angustia que nunca se agota.
Alguien podría objetar, claro, que no todos los casos pueden recibir un trato de excepción. Pero ¿no sería posible que el criterio para dar respuesta extraordinaria a un secuestro o una desaparición fuera algo distinto que la nacionalidad, la prominencia social o la viralidad potencial?
¿Como qué? La edad, por ejemplo. Cualquier secuestro de un niño o adolescente podría recibir el tratamiento Matamoros. O el género : si una mujer fuese secuestrada, se detonarían todas las alarmas. O la pertenencia a alguna profesión particularmente vulnerable (periodistas, defensores de derechos humanos, etc.).
Y es que si la autoridad ha de hacer distinciones (y siempre las hace, no nos engañemos), mejor que las haga para proteger al mayor número posible de personas. Y a las más vulnerables.
En estos días, se lanzó el mensaje de que los estadounidenses no pueden ser blanco de secuestro y desaparición. ¿Pero no merecerían un trato similar las personas de nacionalidad mexicana? ¿Algunas, al menos?
Qué bueno que al menos dos de las víctimas de secuestro en Matamoros fueron liberadas. Qué bueno que el grupo criminal haya sentido suficiente presión para meter reversa. Qué bueno que al menos algunos de los posibles agresores serán castigados.
Qué malo que no escuchemos más de esas historias cuando las víctimas son personas mexicanas de a pie.
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